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Norma M. se levantó ayer muy temprano para asistir al juzgamiento de su yerno José S.T.
La mujer abrigaba esperanzas de que se realizara la audiencia en contra del hombre y con ello evitar que salga de la Penitenciaría del Litoral, acogiéndose al artículo 24 numeral 8 de la Constitución, por haberse caducado su prisión preventiva.

El temor de Norma se fundamenta, según dijo, en las amenazas de muerte que su yerno les ha hecho llegar a ella y su nieta E.M.L.R., una adolescente de 16 años con retardo mental, a quien habría violado desde los 12 años, en su vivienda ubicada en la cooperativa Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil.

Según la mujer, fue hace dos años cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando con la menor, al detectarse que tenía sífilis, una enfermedad venérea.
“Como (José)tiene amenazada a mi hija, quien también sufre de retardo, no nos dimos cuenta. Se la llevaba y le pegaba. Después que abusaba de ella se la vendía a otro hombre llamado Matías. Luego la comenzó a vender a otros hombres por quince dólares cada uno. Con lo que ganó, el desgraciado se compró un televisor pantalla plana”.

Norma no escondía la indignación que sentía por lo sucedido a su nieta, a quien cuida desde los seis meses de nacida. Su reacción fue más fuerte cuando el tercer tribunal Penal suspendió la audiencia de juzgamiento en contra de José, por ausencia de sus abogados.

“¡Yo no quiero que salga!”, gritaba entre lágrimas, en el pasillo principal de los tribunales penales del Guayas, mientras abrazaba a su nieta tratando de asegurarle que su agresor no la volvería a tocar más.

El caso de E.M.L.R. estremeció a los presentes. A algunos metros se encontraba una mujer que, por el contrario, gritaba por la libertad de su hijo Alejandro Q.A., de 30 años, quien fue detenido hace un año dos meses por la presunta violación de su hija.
“He traído testigos con pruebas. Ya se sabe cuál es el que ha estado con mi nieta”, decía la mujer, tratando con ello de lograr que su vástago se acoja al beneficio constitucional.

Desde que rige la derogatoria de la detención en firme, por mandato del Tribunal Constitucional (TC), los dramas en la Corte se han hecho más evidentes.
Ayer no fue la excepción. Cientos de personas coparon el segundo piso del Palacio de Justicia a la espera de 27 detenidos que fueron convocados para 25 audiencias de juzgamiento. Solo se realizaron tres.

Hasta el mediodía, los tribunales no habían despachado ninguna boleta de excarcelación por el artículo 24. No obstante, la jueza cuarta de lo Penal, Zoila Alvarado, encargada del juzgado tercero, confirmó la libertad de 3 presos que estaban a órdenes de ese despacho. Dos de ellos fueron Moisés Alberto Montenegro Mera y Carlos Ruiz Caice, cuyo expediente siguió el trámite a uno de los tribunales.

Según Gabriel Noboa, presidente del quinto tribunal Penal, de quince pedidos de libertad que ha revisado, tres detenidos desde el 2002 podrían acogerse al beneficio. (PVC)

Fuente Diario Expreso.