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El ex procurador general subrogante, Sócrates Vera, y el ex director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Alberto Cárdenas, rechazaron las acusaciones en su contra, por supuestamente haber perjudicado al Estado al permitir y suscribir, respectivamente, un acta de mediación mediante la cual la entidad tributaria debe pagar US$ 23 millones a la familia Nuques por un proceso coactivo de 1967.
El actual director del SRI, Carlos Marx; el actual procurador, Xavier Garaicoa, y el secretario de Anticorrupción del Gobierno, José Luis Cortázar, aseveraron que Vera, Cárdenas y otros funcionarios querían que se le pague a la familia Nuques US$ 23 millones sin que exista sentencia judicial que ordene un pago indenmizatorio, que no aparece el original del acta de mediación del acuerdo y que el Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría en Guayas no existe.
Sin embargo, Vera indicó ayer que mediante la mediación se le ahorró al Estado US$ 20 millones. El ex Procurador subrogante explicó que el SRI mediante una acción coactiva embargó un ingenio azucarero y haciendas de la familia Nuques en 1967 por una deuda de cerca de un millón de sucres por no pago de impuestos.
Esa acción coactiva fue declarada nula por la Sala Única del Tribunal Fiscal No2. Por ello, la familia Nuques inició una acción legal a través de la cual logró que el 14 de mayo de 2002 la misma sala emitiera una sentencia que en su considerando tercero señala: “debe darse curso a los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la sentencia y para la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar”.
Esta sentencia fue ratificada por la sala Especializa de lo Fiscal de la Corte Suprema de Quito el 9 de enero de 2003.
Por ello se designó un perito para determinar el valor de indemnización, quien estableció que el SRI debía pagar US$ 43´300.236,62.
Las sentencias de pago de indemnización fue ratificados por dos ocasiones más. Por ello, la entidad tributaria en la administración de Alberto Cárdenas pidió a la Regional de la Procuraduría que mediante el Centro de Arbitraje se dé paso a una mediación.
El acuerdo de mediación se firmó con la aceptación de las partes y el SRI se comprometía a pagar solo US$ 23 millones y en nota de créditos.
“Yo me mantengo que fue un buen negocio para el Estado. Además, no se paga intereses”, sostuvo Vera, quien autorizó la suscripción del acta.
Además, Vera indicó que el original del acta de mediación está en una notaría de Quito. “Si hay una copia hay un original, eso es lógico”, agregó.
Subrayó que el Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría sí existe, y consta dentro de la Procuraduría General.
Mientras que Cárdenas sostuvo que hay una sentencia que le obligaba pagar, por ello decidió pedir la mediación.
Vera recalcó que en el acta de mediación la Procuraduría estableció que el Estado tiene el derecho de repetición