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Un joven purga 12 años de cárcel por una relación prohibida…

Los días en la celda 51 de la cárcel de Santo Domingo son interminables para Carlos Moreno, un esmeraldeño, de 22 años.

“La vida aquí es difícil, porque no está mi gente”, dice Moreno. Él recibe visitas cada domingo, cuando las posibilidades de su familia lo permiten. A su esposa, Daniela H., de 14 años, no la ve desde hace tres meses y las conversaciones que mantiene con ella por teléfono son cortas.

“Lo conocí hace un año. Nos presentó su primo, que era mi compañero ”, rememora Daniela.

A las 08:00 del sábado 3 de febrero del 2007, Daniela salió de su casa, en la av. Teniente Ortiz, al sur de Quito, para encontrarse con sus amigas de colegio. Tres horas más tarde, sorprendió a Carlos en el restaurante donde trabajaba como ayudante de cocina.

“Le dije que quería quedarme a vivir con él porque tenía problemas con mi mamá y ella quería mandarme a vivir con mi papá” cuenta la adolescente.

Carlos confirma la versión de Daniela y añade que su relación había terminado dos semanas atrás. “Yo accedí a volver y a recibirla en mi casa porque todavía la amaba”, dice el joven, quien ahora mata el tiempo aprendiendo sastrería en los talleres de la prisión.

“Mi madre se opuso desde el principio. Como no hicieron caso yo intervine y le pedí a Daniela que vuelva a su casa. Pero solo se fue cuando se armó un escándalo y salió por la fuerza”, relata Flor Moreno, hermana de Carlos.

Las llamadas telefónicas consecutivas de Cristina Loján, madre de Daniela, y de su tío, José Loján, no hicieron que los jóvenes desistieran de su decisión. El reclamo se tornó violento el lunes 19 de febrero, cuando la madre de Daniela denunció el presunto rapto de su hija al policía Carlos Espín.

Ese día, a las 19:30, el agente, acompañado de otros policías y de familiares de Daniela, irrumpieron en la casa habana de una planta, en la ciudadela Ibarra. Allí, detuvieron a Moreno y lo encerraron en la Policía Judicial.

A las pocas horas, la Fiscalía sometió a Daniela a un examen médico legal en el que se constató una relación sexual reciente. “Tuvimos relaciones solo una vez, pero porque los dos queríamos y fue por mutuo consentimiento. Él me trata bien y yo quiero quedarme a su lado”, declaró Daniela, el 23 de febrero, ante la fiscal Silvia Juma.

Pero las declaraciones no sirvieron para aplacar la decisión de la fiscal, quien recabó más pruebas para confirmar la violación de la menor de edad. Entre ellas estaba la partida de nacimiento de Daniela, en la que se demuestra que tenía 13 años y seis meses el día que abandonó su casa.

Además, en la conclusión de la valoración psicológica de Daniela se concluye que “presentaba un cuadro depresivo a causa de la falta de comprensión de su madre. En la sintomatología se evidencia un sentimiento de tristeza y soledad, lo que ocasiona una profunda demanda de cariño de sus padres y una peligrosa dependencia de la figura masculina”.

La versión de Moreno, en la cual admitió que convivió con Daniela durante 15 días, confirmó la presunción de responsabilidad en su contra, por lo cual se le dictó auto de llamamiento a juicio por violación a una menor de edad.

En julio del 2007, mientras Moreno estaba encerrado en el Centro de Detención Provisional de Quito, la familia de Daniela accedió a que los jóvenes se casaran. “Yo pensé que si mi hija se casaba con el chico lo iban a liberar y nos libraríamos de problemas con su familia”, cuenta Cristina Loján.

“Me casé por recomendación del abogado y porque la quería, pero eso no sirvió ”, dice Carlos.

En medio de la desesperación de ambas familias por la suerte del joven, el 19 de octubre el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha sentenció a Carlos Moreno a 12 años de reclusión.

Desde entonces su vida cambió. “Los presos odian a los que entramos por violación. Me pegan y me chantajean todo el tiempo”, dice el ex ayudante de cocina.

Daniela hoy trata de retomar la vida de una adolescente. En septiembre se inscribió en el tercer curso de colegio. “Ella dice que tiene miedo a represalias, prefiere olvidar lo que pasó y yo también ”, dice su madre.

La ley es dura para el violador

Tanto la fiscal como los jueces del Primer Tribunal Penal de Pichincha se basaron en el artículo 512, numeral1, del Código Penal para acusar a Carlos Moreno.

Esa Ley indica: “Es violación el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo”.

Según la fiscal de delitos sexuales Amparo Juma, para sancionar esta acción se toman en cuenta tres circunstancias: que la víctima sea menor de 14 años, que la persona ofendida se halle privada de la razón o del sentido, o cuando se use violencia o intimidación.

En este caso la víctima tenía 13 años. Por esa razón, el artículo 113 del Código Penal sanciona el delito con reclusión de ocho a 12 años. Margarita Pereira, jefa de Delitos sexuales de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, (Dinapen), asegura: “Lo que diga un adolescente es irrelevante, porque no tiene madurez psicológica ni jurídica para opinar”.

El abuso es frecuente

Según los datos del Consejo Metropolitano de Niños, Niñas y Adolescentes (Compina), en Ecuador tres de cada 10 niños y niñas han sufrido abuso sexual antes de cumplir los 16 años.

El 60% de los casos de violación investigados en este país se cometen por engaños o amenazas, sin violencia explícita.

El 75% de los casos denunciados demuestra que el abuso sexual a menores de edad es frecuente y que sus principales agresores fueron familiares o amigos de
su círculo íntimo.
Fuente Diario El Comercio.


Author: Diseño Web Ecuador