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Reacciones a favor y en contra surgieron a la propuesta del mandatario Rafael Correa, para que la Asamblea trate el destino del sistema de intermediación y tercerización en el país.

Para Sebastián Illes, director de la Asociación de Empresas de Servicio de Personal, el tema debe ser manejado en forma técnica y no política, ya que si la Asamblea decide eliminar este sistema, más de 600 mil personas empleadas bajo estos sistemas en todo el país se quedarían sin trabajo.

“Les hemos solicitado que el tema sea revisado de manera técnica y que no nos dejemos llevar por pasiones políticas. Lamentablemente esto fue una oferta de campaña del Presidente bastante apresurada sin conocer el alcance de lo que estaba mencionando”, sostuvo.

Recordó que la intermediación funciona en todo el mundo y en este caso sería el primer país donde no existiría  si es que llegara a eliminar; “tiene que haber una regulación o una ley que evite los abusos por parte de algunas empresas que sí incumplen con el trabajador”, sostuvo.

Y destacó la función de aquellas compañías intermediarias y tercerizadoras que garantizan a los empleados de estos sectores beneficios que, en ocasiones, son más que los contratados en forma directa.

Instó al presidente Correa a que puntualice cuáles son los derechos de los trabajadores que se están violentando con este sistema laboral, ya que si se trata de empresas informales, esto se da tanto en la contratación directa como en la intermediación.

Mientras que el presidente del Movimiento Nacional de Trabajadores (Copig), Jorge Rojas, se mostró partidario de que la Asamblea Constituyente trate el tema. El dirigente considera que el modelo necesita ajustes que pueden realizarse desde esa instancia.

Pero señaló que se debe efectuar previamente una auditoría para conocer qué compañías usan la tercerización de manera inadecuada. “No toda la tercerización debería de prescribir”, dijo, “pues hay compañías que están cumpliendo con todos los requisitos”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas Ecuador (UCAE), Wilmer González, cree que la Asamblea debe garantizar la estabilidad laboral y dar paso a la eliminación de la tercerización. El dirigente clasista cree que el modelo no debe ajustarse, sino que debe ser derogado. “Los trabajadores deben ser contratados directamente por las empresas que necesitan el servicio”, dijo.

Control
Los problemas no son de la intermediación sino del control del Ministerio de Trabajo, dijo Sebastián Illes.

Marcha
Dirigentes campesinos prepararán movilizaciones a Montecristi cuando se traten asuntos laborales y del agro, anunció la directiva de la UCAE.

Fuente Diario El Universo.