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Las pérdidas en el caso Occidental (OXY) (devolución del IVA petrolero) van más allá de los 75 millones a los que obliga a pagar la decisión del Tribunal de Apelaciones de Londres.

Los costos negativos para el país inician en la equivocada decisión de acceder a un arbitraje internacional en cuestiones tributarias, temas que no son competencia de ese tipo de tribunales, según el conocedor de contratos petroleros, Ernesto Olivares.

El negarse al laudo arbitral hacía que el país corriera el riesgo de que Estados Unidos no extendiera los beneficios arancelarios contemplados en la Ley de Promoción Económica y de Erradicación de Tráfico de Drogas (Atpdea), según recordó la actual Procuraduría del Estado. Entonces, “por mantener algo a medias se hizo que las pérdidas fueron mayores a las ganancias”, afirmó el economista Marco Rubio.

Lo económico
Los 75 millones a pagar, ya sea en efectivo o en barriles de crudo, es una cifra que tendrá que reajustarse a las condiciones actuales y a los pedidos de la OXY ante el fallo final. Además, el Estado deberá correr con los costos operativos y de abogados de la parte demandante. Las cifras aún no se revelan oficialmente, pero lo definido en el laudo sólo es la punta del iceberg.

Para varios expertos consultados, la cantidad final que terminaría pagando el Estado, sólo por devolución de IVA, ascendería a más de 100 millones de dólares.

Por otro lado, los cinco años de contrato con el estudio jurídico multinacional Arnold Wilson le terminarán costando varios millones de dólares más al Ecuador.

La cifra no pudo ser conocida pese a las constantes peticiones a la Contraloría.

Lo legal
Para el jurista Luis Robles Piedra son preocupantes las declaraciones de Procuraduría que indican que se apelará el fallo de la Cámara de los Lores. “Esto significa que los ecuatorianos gastaremos más dinero en abogados por un recurso que no es viable”, afirmó.

En el campo legal, Marcelo Rojas, experto en temas internacionales, asegura que el dictamen de los Lores crea un precedente nefasto en lo internacional. “La visión fuera del país será de que el Ecuador carece de herramientas jurídicas para resolver este tipo de temas”, acotó. Robles cataloga como pérdida superior a la violación de la soberanía del Estado ecuatoriano; el dejar que se lleven a otros países procesos legales que pueden ser fácilmente resueltos por tribunales nacionales. Dice Robles que “un país que tiene miembros que no celebran su soberanía es un país cualquiera a los ojos del mundo”.

A decir del constitucionalista Gustavo Gil Ramírez, el tomar la decisión errada de arbitraje internacional; luego dejar que se nos pase por encima legalmente hasta llegar a una pérdida del caso; hace que se piense que el sistema jurídico del Ecuador no presta las garantías para demandar, apelar o continuar con un proceso legal en temas petroleros. “Esa inseguridad legal que hacemos ver hacia fuera, pesará para que al Estado le terminen llegando una ola de demandas de compañías de petróleos, por este mismo caso o por otros parecidos”, declaró Gil.

EL ANÁLISIS
Augusto Tandazo
Experto en contratos petroleros

‘Crónica de una pérdida anunciada‘
Augusto Tandazo define como la ‘crónica de una pérdida anunciada’ al caso de devolución del IVA petrolero por parte del Estado ecuatoriano a la compañía Occidental.

Según el experto petrolero, el fallo es fruto de una cadena de errores que jurídicamente iniciaron con la aceptación de un arbitraje internacional, el cual no se establecía al momento del contrato como obligatorio.

La injerencia de Heinz Moeller, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Noboa, es a decir de Tandazo determinante en este caso. “Moeller en comunicado, fechado a 22 de noviembre de 2002, dirigido a José Ramón Jiménez, procurador del Estado, plantea que Estados Unidos ‘exige’ como requisito para que nuestro país sea declarado beneficiario de las exoneraciones arancelarias del Atpdea, la aceptación de responder rápidamente al procedimiento arbitral solicitado por la OXY”, afirmó.

Para Tandazo, el origen del error es claro. Además de que junto a una defensa defectuosa no cabía otro fallo que el contrario al Ecuador. “No es posible que de los tres testigos sugeridos por Petroecuador, para la defensa del Estado, dos (Patricio Larrea Cabrera y Celio Vega Ortega) hayan declarado en contra de los intereses nacionales. Fue ilógica y poco menos que inútil la función de los defensores, en este caso“, agregó el jurista.

Lo que se viene
Para el Ecuador hay varios temas petroleros pendientes a ser resueltos en el campo legal. De los 21 contratos que tiene el Estado con compañías extranjeras, por lo menos cinco están siendo revisados.

- En fecha próxima la Procuraduría recibirá el fallo definitivo del caso de la caducidad del contrato con la empresa Occidental.

- La Secretaría Anticorrupción ha detectado ciertas irregularidades en el contrato del campo Tivacuno. Por lo que ha solicitado se revise la posibilidad de la caducidad del contrato.

- La Procuraduría continúa analizando los documentos entregados por la Comisión del Ministerio de Minas y Petróleos, al respecto de los traspasos de campos de Petrobras. Existe la posibilidad de que se pida la caducidad de ese contrato.

- City Oriente demandó un arbitraje internacional ante el Ciadi por la devolución del IVA petrolero al Estado ecuatoriano.

- La Compañía General de Combustibles (CGC) planteará una demanda al Ecuador por incumplimiento de contrato en el bloque 23.

Las frases
“Yo no conozco de temas petroleros pero sí sé que el Ecuador está perdiendo mucho dinero por no saber cómo defender lo nuestro”.

Camilo Arteaga, empresario.

“Solo en este país se puede pagar tanto para una defensa defectuosa. Las autoridades de turno, con estos fallos, lo que demuestran es que no están preparadas para dirigir”.

Julio Torres, abogado penalista.

“En los gobernantes del Ecuador lo que hay es poco amor a la patria. Se puede venderla por poco, por mucho o por nada”.

Luis Gómez Echeverría, docente universitario.

Es necesario sancionar
El procurador general, Xavier Garaicoa, mencionó que el Estado debería sancionar las acciones y omisiones de los funcionarios públicos que hacen que el Ecuador entre en líos jurídicos que generan pérdidas millonarias.

En el caso de devolución de IVA petrolero, Garaicoa cree que “la decisión de ceder a un arbitraje fue totalmente política y en ese campo debería ser sancionada”. Hay otros casos dice, que presentan irregularidades en lo administrativo y es ahí donde debe resolvérselo. “Por el momento debemos aprender de los errores para no volver a acometerlos”, recalcó.

Los involucrados
Por otra parte, la ex directora del Servicio de Rentas Internas, Elsa de Mena, antes del arbitraje defendía la devolución de un dos por ciento a la OXY, ya que el IVA había subido del diez al doce por ciento, desde la firma del contrato.

Además que en el mismo se especificaba que de existir disputas se las arreglaría en tribunales nacionales.

Heinz Moeller, canciller en el 2002, ha defendido la legalidad de las actuaciones, argumentando que toda acción se enmarcó en los tratados y convenios nacionales y extranjeros vigentes a la fecha del inicio de los procesos legales.

Fuente Diairo La Hora.