La ratificación en el cargo del ministro de EconomÃa, Ricardo Patiño tras la censura que resolvió el Congreso- profundiza la crisis entre el Congreso y el Ejecutivo.
Desde que el Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley de justicia financiera y luego el que sanciona el contrabando de los combustibles, hace cerca de dos meses, no hay diálogos entre las dos funciones del Estado.
Para el primer proyecto, delegados por el Gobierno fueron para explicar el alcance de esa iniciativa: Luis Maldonado y Robert Andrade, vocales de la Junta Bancaria. Sin embargo, los resultados no salieron del todo favorables para el Gobierno. Incluso Andrade y una de sus asistentes fueron desalojados de la sala de sesiones.
Las consecuencias de esta falta de diálogo están a la vista. Desde hace tres semanas los legisladores no han llegado a un acuerdo sobre el veto del artÃculo 12 (mediante el cual se fija el mecanismo para las tasas de interés). La razón es que no hay votos ni para que el Congreso se allane al texto propuesto por el Ejecutivo ni las dos terceras partes (67) para insistir en el texto del Congreso.
“En este tema el Gobierno ha fallado porque no tiene quién dialogue. Ni los ministros de Gobierno ni de EconomÃa han dialogado con los legisladoresâ€, opina Homero López, del PRE, partido allegado al Ejecutivo.
Si el Ejecutivo persiste en su negativa de no remover al ministro Patiño, los problemas se complicarÃan, más aún cuando el Régimen tendrá que remitir al Congreso la Pro forma Presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2008, en septiembre.
“Por la delicadeza del tema, el presupuesto tiene que ser expuesto por el propio Ministro de EconomÃaâ€, comenta Mauricio Pozo, quien ocupó ese SecretarÃa en el gobierno de Lucio Gutiérrez.
Sin embargo, advierte el ex funcionario, será imposible volver al diálogo si Patiño desconoce el papel del Congreso y los legisladores no ven al Ministro censurado como un interlocutor válido del Ejecutivo. “En el contexto internacional también hay desconfianza. Se trata de un Ministro que ha sido cuestionado y censurado por un poder del Estado legÃtimamente constituidoâ€, opina Ramiro Galarza, ex subsecretario de EconomÃa y candidato a asambleÃsta.
Ante la imposibilidad de que Patiño continúe al frente de la SecretarÃa de Estado, el Gobierno ya estarÃa pensando en su reemplazo, pero Patiño seguirÃa junto al Primer Mandatario.
Una fuente allegada a Carondelet consultada por este Diario comentó que Patiño pasarÃa a ser el coordinador del Ejecutivo con los gobiernos locales de la Costa y, en su lugar, se nombrarÃa a otro ministro. TodavÃa se desconocen los candidatos.
La pugna Congreso-Patiño tendrá otro capÃtulo: el pedido de un juicio penal por supuestas injurias a los legisladores. El diputado Carlos González, de la Izquierda Democrática, presentó un proyecto de resolución para que el Congreso solicite el enjuiciamiento penal por las declaraciones de Ricardo Patiño, el viernes, en las afueras del Congreso.
En el llamado juicio paralelo, el Secretario de Estado increpó a los legisladores, a quienes les acusó de defender los intereses del sector financiero y contrabandistas de combustibles, “salvo algunas excepcionesâ€.
El titular de la Legislatura, Jorge Cevallos, no descartó la posibilidad de que ese tema se trate en la sesión prevista para hoy. “Voy a conversar con el Consejo de la Legislatura y los diputados para tomar una resoluciónâ€, indicó.
El Fiscal llamará a Correa
TodavÃa no hay fecha para que el presidente de la República, Rafael Correa, asista al Ministerio Público para dar su testimonio sobre una supuesta especulación en el pago de los intereses de la deuda externa ecuatoriana.
“Tenemos que llamar al señor Presidente para que rinda su versión; para ver qué diceâ€, dijo el fiscal general, Jorge German, al canal Uno de televisión.
Las autoridades investigan al ministro de EconomÃa, Ricardo Patiño, por una presunta especulación con el pago de los bonos Global 2030, a favor de un grupo de banqueros venezolanos.
Los diputados de oposición acusaron a Patiño de haber suministrado información privilegiada sobre el manejo de los bonos para favorecer a venezolanos, lo que ha sido desmentido por el Gobierno.
Tras la censura al Ministro, los diputados remitieron la documentación a la FiscalÃa para que investigue al funcionario por presunto peculado, asociación ilÃcita, colusión y traición a la patria.
Fuente Diario El Comercio.
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