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La mayoría de fuerzas políticas apoya la autocensura que se prevé implantar en el Congreso, como mecanismo para frenar las agresiones que se hacen en contra de dicha institución. El roldosista Homero López es el proponente del proyecto de resolución que contempla que los diputados que ofendan la institucionalidad del Parlamento puedan ser destituidos. Los miembros de RED, Prian, PSC, PSP, DN e ID ven con buenos ojos la medida.

“Si queremos defender nuestro trabajo, hay que empezar por casa”, afirma Iván Ortiz (DN). En el mismo sentido se pronunciaron John Argudo (ID), Luis Almeida (PSP) y Clemente Vásquez (PSC). Sin embargo, este último indica que ello no implica coartar la libertad de expresión. “Yo seguiré afirmando que este Congreso es ilegítimo (tras la destitución de 57 diputados)”. Por ello, Vásquez agrega que cada caso se debe juzgar por separado.

López aclara que la pérdida del cargo dependerá de “la gravedad de la falta”. No obstante, no es muy claro al explicar el derecho a la defensa que se le dará a cada legislador. Es decir, si se seguirá o no el proceso estipulado en el Código de Ética de la Legislatura. Para Argudo, este punto es clave: “si un diputado no se siente a gusto con la institución, debería renunciar. Pero si se lo va a separar, hay que seguir el debido proceso”, afirma. Gustavo Terán (MPD), quien ha sido uno de los mayores críticos de la labor del Congreso y de los legisladores, indica que “no hay ninguna disposición que impida hacer cuestionamientos a la entidad a la que representamos y, peor aún, ser destituidos por eso (ver recuadro)”.

Incluso, agrega, que no le preocupa la aprobación de la resolución, que no contará con los votos del MPD. “Si es necesario elevar señalamientos críticos, lo seguiré haciendo”, afirma. Este tema será debatido en la sesión ordinaria del próximo martes. (GFS)

Norma legal para la destitución

Los insultos que se profieran en contra del Congreso no constituyen una causal para la destitución de un diputado, según lo establece el Código de Ética de la Legislatura.
El artículo 2 de dicho cuerpo legal contempla que a los diputados les corresponde “respetar y hacer respetar la majestad delCongreso”. Sin embargo, como irrespeto consta el acudir al Parlamento bajo el efecto de las drogas o el alcohol; la introducción de armas al pleno o la agresión física entre legisladores.

Además, en el tercer inciso del artículo 21 del Código se señala que “no constituye infracción” el reclamo sobre el eficiente desempeño de las funciones del Estado, incluyendo la Legislativa.

Más allá de esto, la ley también indica que cualquier proceso de descalificación debe realizarlo el Comité de Excusas y Calificaciones que es el organismo fiscalizador interno.
Pero esta entidad quedó acéfala tras la destitución de 57 diputados y, hasta la fecha, no se la ha reintegrado. (GFS)

Fuente Diario Expreso.