La noticia de que el Congreso barajaba la opción de enjuiciar polÃticamente al presidente de la Corte, Jaime Velasco, puso las alertas.
El martes en la mañana, los ministros se reunieron en una comisión general y decidieron realizar un análisis jurÃdico del caso. Ayer volvieron a sesionar y depuraron el texto que será entregado al Congreso en las próximas horas.
El documento menciona que según la Constitución vigente es imposible que el Congreso enjuicie polÃticamente a cualquier magistrado. “No respetar esta normativa constitucional constituirÃa un abuso de autoridad que darÃa lugar al planteamiento de acciones legales ante el Tribunal Constitucional y la Corte Interamaricana de Derechos Humanosâ€.
El bloque roldosista, liderado por Jimmy Jairala, mocionó en el Congreso la posibilidad de que los legisladores recuperen la capacidad de enjuiciar polÃticamente a los magistrados. Ayer, Jairala presentó una petición para que se derogue la resolución tomada por el Congreso el 3 de mayo de 2005. Ese dÃa, los legisladores dejaron insubsistente un fallo del Tribunal Constitucional que disponÃa que la Corte debÃa rendir cuentas de sus acciones al Legislativo y que sus magistrados podÃan ser enjuiciados polÃticamente.
Según Jairala, la abolición de esa medida ha originado “que la Corte crea que está por encima del Congreso y de la Presidencia de la Repúblicaâ€. Los dardos roldosistas apuntan a la gestión del Presidente de la Suprema. Él tiene en sus manos los dos juicios por peculado en contra del lÃder del PRE, Abdalá Bucaram, quien está prófugo en Panamá.
Jairala acusó a Velasco de haber adelantado criterios en esos casos durante una conversación con el ex vicepresidente León Roldós.
Sin embargo, ayer su pedido no tuvo eco en el Congreso. El diputado Franco Romero (PSC) dijo que la propuesta roldosista intenta reformar la Carta PolÃtica y su bancada “no la apoyaráâ€.
La Constitución -vigente desde 1998- no establece el juicio polÃtico a los magistrados. Según el argumento de los ministros de la Corte, para cambiar las reglas se necesita una reforma constitucional impulsada por el Congreso.
Para realizar esas reformas se requerirá del voto de las dos terceras partes del Parlamento.
Sin embargo, el 8 de diciembre del 2004, los legisladores enjuiciaron y destituyeron a la Corte Suprema acogiendo una moción del legislador Marco Proaño Maya. El Congreso aprobó la moción con mayorÃa simple y no con las dos terceras partes como contempla la Constitución.
Por ello, en su argumentación, los magistrados indicaron que “cualquier modificación que haga el Congreso debe realizarse con el voto de las dos terceras partes y en segundo debateâ€.
Ese segundo debate, según la Constitución, debe realizarse un año después del primer debateâ€.
Según la jueza Ana Abril “es una herejÃa jurÃdica†que el Congreso, a través de una resolución, pretenda cambiar la Constitución. “Exhortamos a que respeten la leyâ€.
En tanto, en el Congreso se decidió que el caso sea estudiado por la Comisión de Asuntos Constitucionales por solicitud del legislador BolÃvar Castillo. Este órgano no tiene un plazo definido para entregar las conclusiones del estudio jurÃdico del caso.
Un posible juicio
El ministro Hernán Ulloano descartó la posibilidad de que se entable una demanda por injurias en contra del ex presidente Abdalá Bucaram. Según el juez, el roldosista está empeñado en dañar la imagen del Tribunal.
La Corte designó a los jueces José Vicente Troya, Hernán Salgado y Ana Abril como delegados para entregar el documento redactado ayer al Congreso.
Abdalá Bucaram, en su intento por volver al paÃs, inició una campaña en contra del titular de la Corte, Jaime Velasco. Ha exhibido grabaciones de conversaciones del judicial durante dos semanas.
Fuente Diario El Comercio.
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