La derogatoria de la detención en firme no beneficia aún a ningún reo en Guayas ni en Pichincha. Hasta el mediodÃa de ayer no se emitieron boletas de libertad para internos que pudieran salir libres por cumplir con el plazo de la prisión preventiva que establece la Ley.
Los jueces de los cinco tribunales penales del Guayas ayer analizaron más de 500 pedidos de libertad. “Hay que tener paciencia, los estamos revisando uno a unoâ€, dijo MarÃa de Lourdes Jurado, presidenta (e) del Segundo Tribunal Penal del Guayas.
Un censo para las 35 cárceles
El censo penitenciario que las autoridades de justicia tenÃan previsto aplicar en Pichincha aún no tiene fecha de ejecución.
 El objetivo es conocer el número de presos y el estado legal de sus causas. “La evaluación de las encuestas servirá como antecedente para la elaboración de una polÃtica penal útilâ€, dice Mario Segovia, director de PolÃtica Penal.
Para que el trabajo sea efectivo se planteó la necesidad de extender el censo a los 35 centros de reclusión del paÃs.
“Estamos de acuerdo siempre que estos diagnósticos sirvan para instaurar polÃticas de rehabilitación, protección a los internos y sus familias, y reinserción socialâ€, aseguró Gean Carlos Aragundi, presidente de los comités de internos del paÃs.
Ernesto Pazmiño, director de la Unidad Transitoria de Gestión de la DefensorÃa Pública, no descarta que esta labor sea comandada por los 200 defensores públicos contratados para tramitar los juicios de   los presos sin sentencia.
La jueza señaló que de los 80 pedidos de libertad que llegaron a su judicatura, varios no tenÃan los certificados penitenciarios que indican el tiempo que el acusado ha permanecido en prisión. “Quienes no han traÃdo los documentos deben hacerlo para examinar su juicioâ€.
En el estudio que se hará en el despacho de Jurado y en los otros tribunales penales del paÃs se calcularán los plazos de caducidad de prisión, tomando en cuenta las razones por las que el juicio no culminó. De esta manera, cumplirán con lo establecido por la Ley Interpretativa del artÃculo 169 del Código de Procedimiento Penal que aprobó el Congreso la semana pasada.
Allà se establece que si la dilatación del proceso es responsabilidad del acusado, no es ejecutable la derogatoria de la detención. “Si el proceso se ha alargado por causa de que no ha asistido el perito, los intérpretes y todas las personas que tienen la obligatoriedad de venir, entonces ahà sà el reo tiene toda la razónâ€, explicó Pablo Vallejo, del Tercer Tribunal Penal.
A más de atender los petitorios de libertad, los jueces de los tribunales también deben efectuar las audiencias de juzgamientos, aunque no todas se realizan. “Ayer tuvimos tres audiencias y ahora no hemos tenido ninguna, pero estamos despachando juicios y sentenciasâ€, señaló Jurado.
En Quito el movimiento en los juzgados no tuvo alteraciones. Sin embargo, en los departamentos jurÃdicos de los centros penitenciarios y en el Penal se analizan aproximadamente 50 casos de posibles aspirantes a la libertad.
“Se trata de ayudar a los que no tienen abogado particular para presentar sus pedidos de libertadâ€, aseguró Gean Carlos Aragundi, presidente de los internos del ex penal GarcÃa Moreno.
Las boletas de excarcelación emitidas en los tribunales del paÃs corresponden a los reclusos que han cumplido su condena o los que han sido absueltos.
En Guayaquil, de los 24 reclusos que acudieron a las audiencias en los juzgados, solo dos cumplieron con sus diligencias.
Hay ocasiones en que las diligencias en una misma judicatura solo tienen 15 minutos de diferencia. “Eso no puede ser posible porque una audiencia de esas no dura ese tiempo sino másâ€, manifestó Eduardo Santana, abogado que impulsa un caso por robo.
A diferencia del martes, ayer en los corredores del segundo piso del Palacio de Justicia de Guayaquil ya no hubo manifestaciones a favor de la libertad de los presos. Pocos usuarios acudieron a realizar sus diligencias.
En la PenitenciarÃa del Litoral el movimiento en dÃa de visitas fue normal, mientras que en el penal GarcÃa Moreno de Quito los reos depusieron su medida de hecho en contra de la Ley Interpretativa y abrieron las puertas para el ingreso de nuevos internos.
Fuente Diario El Comercio.
Add