El Presidente ratificó el estado de emergenciaDayuma es, por estos dÃas, un laboratorio donde el Gobierno realiza el primer ensayo del ejercicio del poder sin lÃmites.
Desde fines de noviembre, el presidente Rafael Correa decretó el estado de emergencia en Orellana para controlar los desmanes protagonizados por los pobladores, que interrumpieron la producción petrolera, lo que no deja de ser repudiable.
Al amparo de la emergencia, los derechos fundamentales de los moradores de esa región fueron conculcados. Borrados. Nadie está libre de sospechas: según el presidente Correa, quienes están detrás de la protestas no son activistas que reclaman por obras incumplidas, sino terroristas. Curiosa analogÃa con el discurso que los últimos años ha mantenido el mandatario de Estados Unidos, George W. Bush, a quien Correa tanto ha criticado.
No solo eso. Al tachar de terroristas a los manifestantes, el Presidente interpreta los hechos en blanco y negro, cree en el poder de las armas y no en el debido proceso ni en el respeto a la Ley.
En esa lógica, el fin justifica los medios. Lo grave es que jueces, fiscales, policÃas y militares se hayan alineado con esa visión autoritaria. Tampoco tienen otra opción: después de todo, si se oponen pueden ser removidos por una Asamblea omnipotente.
Según la Convención Interamericana de DD.HH., de la que el Ecuador es firmante, las emergencias no pueden vulnerar los derechos fundamentales. Cuando se los detuvo, los 22 habitantes de Dayuma fueron golpeados. No se les dio acceso a un abogado y se les negó la libertad, concedida por un hábeas corpus.
Este escenario explica la frontal reacción de los grupos independientes de DD. HH. y de la Iglesia, en defensa de la población de Dayuma. También es notorio el silencio de organismos como la APDH y la Aldhu, convertidos en seguidores del Gobierno, deformando su misión.
Fuente Diario El Comercio.
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