Los representantes de la Fenaje dicen que la reestructuración es ilegal. Ampliar Imagen Foto:EL COMERCIO
Redacción Judicial
En mayo del año pasado, la Corte Suprema dispuso que la Función Judicial se reestructurara. El objetivo de la medida era remover a 1400 empleados judiciales que trabajaban en funciones prorrogadas y designar a sus reemplazos a través de concursos públicos.
La reestructuración ha sido el proyecto emblema de la Corte. Y ha desencadenado una lucha contra la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje) que se opone a la medida por considerarla inconstitucional.
Finalmente, luego de más de un año, la Judicatura se apresta a concluir la primera fase de los concursos. Esta consiste en la designación de 93 ministros de cortes superiores y 33 jueces de tribunales de lo Contencioso y
Administrativo en cinco distritos (Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y Loja).
Según el comisionado BolÃvar Andrade, entre hoy y mañana se remitirá a la Corte Suprema la nómina de los mejores postulantes para que el Pleno designe a las nuevas autoridades.
163 juristas participaron en el concurso que se inició en octubre. Ellos se sometieron a un filtro de impugnaciones y rindieron pruebas de oposición y méritos. La Judicatura calificó sus méritos laborales y académicos (sobre 60 puntos) y los exámenes tuvieron una calificación de 40.
Sin embargo, las interrupciones han sido la tónica de este proceso. En mayo del 2006 estaba previsto que los concursos duren seis meses. Sin embargo, una avalancha de amparos y demandas de inconstitucionalidad presentadas por la Fenaje en el Tribunal Constitucional lo frenaron. Sin embargo, el pasado 19 de septiembre, el TC decidió que los concursos continúen realizándose.
Pese a ello, la Fenaje mantiene la esperanza de frenar el proceso. Según su presidente, Miguel Guambo, el TC aún debe resolver algunas demandas de inconstitucionalidad de la medida.
El jurista riobambeño quedó al frente de la descabezada organización tras la salida de los lÃderes sindicales Luis Muñoz y Girard Vernaza, quienes fueron destituidos por la Corte Suprema.
Ellos encabezaron una toma del Consejo de la Judicatura en marzo pasado. PedÃan que el proceso de reestructuración no continúe y denunciaron una persecución en contra del gremio judicial.
Por este motivo, Guambo sostuvo que los cambios que se produzcan en la Función Judicial no serán reconocidos.
“Aunque el proceso avance y sea una disposición de la Corte, no significa que sea legal. Si el TC no se pronuncia no aceptaremos los cambiosâ€.
Pese a las pugnas, el ritmo de trabajo en los juzgados sigue. Los jueces, secretarios y amanuenses trabajan normalmente y dicen no sentirse intranquilos porque aún no se ha establecido la fecha en la que dejarán sus cargos.
En la Corte Suprema, existe la idea de que los mejores calificados deben integrar las cortes superiores y los tribunales distritales. Asà lo sostiene Mauro Terán, magistrado de la Sala Civil.
El ministro junto a la magistrada Ana Abril fueron los principales impulsores del proyecto. Él afirmó que el proyecto “va viento en popaâ€, aunque reconoció que han existido ciertas demoras.
La Corte debe designar a los ministros y posteriormente la Judicatura iniciará el concurso para elegir a los restantes 75 jueces de cortes superiores del paÃs.
Cuando se termine la primera fase, se iniciará la designación de otras autoridades como los jueces de los 44 tribunales penales. Según el vocal BenjamÃn Cevallos, estas autoridades son designadas por las cortes superiores, aunque el concurso también estará a cargo de la Judicatura. Finalmente, se realizará la elección de los 219 registradores de la propiedad y más de 250 notarios a escala nacional.
Para agilitar la realización de los concursos, el magistrado Terán plantea la creación de una unidad técnica especializada, dependiente de la Judicatura. “Con esto se podrÃa descentralizar la realización de los procesos de selecciónâ€, pues en cada provincia habrÃa un órgano seleccionadorâ€.
Fuente Diario El Comercio.
Add