A los casi 1.200 empleados que tenÃan contratos de servicios en el Congreso les cayó como un balde de agua frÃa la decisión de la Asamblea Constituyente de declarar terminados sus contratos.
“¿Nosotros qué culpa tenemos de lo que hagan los diputados?â€, preguntaba indignada Fanny Cobos, quien hasta el jueves trabajaba en la oficina del roldosista Homero López.
Antes de las 08:00, la entrada del ex Banco Central ya estaba resguardada por un piquete de policÃas, cuya misión era impedir la entrada de los trabajadores que no tuvieran nombramiento.
Tras los primeros ‘empujones’ con la fuerza pública, vinieron las protestas en contra del presidente, Rafael Correa, a quien identificaron como el causante de la separación de sus cargos. “Correa dictadorâ€, se escuchó más de una vez.
“En la campaña, Correa ofreció trabajo para todos. ¿Esto es trabajoâ€, preguntó una empleada que se negó a identificarse.
De nada sirvieron las explicaciones a los policÃas: nadie podÃa entrar ni siquiera para sacar sus objetos personales.
Fue entonces que los ex empleados legislativos empezaron a organizarse: lo primero que hicieron fue dejar constancia de su asistencia a las instalaciones del Congreso.
Sobre una mesa pequeña, uno a uno se fueron acercando a firmar en un papel con el membrete del Congreso Nacional. “Y lo mismo vamos a hacer hasta el 31 de diciembreâ€, explicó Cobos.
El pedido de los ex trabajadores es que la Asamblea revea su decisión y se respeten sus contratos- y por lo tanto que se les cancele el salario de diciembre y el decimotercer sueldo.
“Yo soy viuda, tengo cuatro hijos y todos los meses tengo que pagar el arriendo de mi casa. ¿Ahora cómo voy a pagar?â€, se lamentaba Maritza Carrera.
A su lado Narda Ortiz, con varios meses de embarazo, lloraba desconsolada al saber que perdió su trabajo y la fuente de ingresos para su familia.
En pequeños grupos los ex empleados analizaban alternativas para reclamar la devolución de sus puestos. “Es despido intempestivo; podemos iniciar un juicioâ€, dijo un empleado. “¿A quién vas a enjuiciar si el representante legal del Congreso (el presidente Jorge Cevallos) también está fuera?â€, corrigió otro.
Marco Nicolalde, quien trabajaba con la diputada Virginia GarcÃa, dio la opción que más acogida tuvo: interponer una demanda contra el Estado ante cortes internacionales por violación de los derechos humanos.
Sin embargo, la primera acción de presión será una marcha hacia el Palacio de Carondelet que fue convocada para el lunes, desde las 08:00.
Los pocos empleados que lograban entrar a las oficinas de los diputados eran los que tenÃan una credencial dorada, que los acreditaba como personal de nombramiento.
Poco a poco salieron carpetas, impresoras, ventiladores, teléfonos, microondas y hasta televisores. En la puerta los policÃas verificaban el permiso de salida y el número de serie. (IGF)
Fuente Diario El Universo.
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