La recomendación de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue clara. En febrero del 2004, la Convención Interamericana contra la Corrupción recomendó al Estado ecuatoriano la abolición de los artÃculos 230 y 231 del Código Penal por considerarlas atentatorias contra la participación de la sociedad civil.
El artÃculo 230 textualmente menciona: “El que con amenazas, amagos o injurias ofendiere al Presidente será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 500 sucresâ€.
En cambio, el artÃculo 231 impone sanciones para las personas que ataquen a funcionarios de Estado. Establece penas de prisión de 15 dÃas a tres meses y multa de 50 a 300 sucres.
Estas reglas fueron estudiadas por un Comité de la Organización de Estados Ecuatorianos (OEA). En las conclusiones de su estudio se establece una recomendación para que el Estado ecuatoriano no las utilice.
“El Comité estima que se debe recomendar a Ecuador que considere derogar las normas anteriormente descritas. Las mismas pudieran ser un desestÃmulo para la participación ciudadana por el temor que puede originar incurrir en un delito de desacatoâ€.
El artÃculo 230 del Código Penal cobró plena vigencia durante esta semana. El presidente Rafael Correa lo empleó para interponer una denuncia en contra del director de diario La Hora, Francisco Vivanco, por supuestas injurias en el editorial “Vandalismo oficialâ€.
El Mandatario ha defendido su derecho a utilizar estas normas. “Están vigentes y todos los ecuatorianos estamos bajo el imperio de la Ley. No se puede hacer caso omiso de la Constituciónâ€.
Actualmente el caso se encuentra en manos de la FiscalÃa Distrital de Pichincha. Durante 90 dÃas, los agentes realizarán la indagación previa y finalmente emitirán una instrucción fiscal que se enviará a un Juez penal.
El debate en torno a la denuncia ha sido intensa. El consenso es que la norma está vigente y por tanto debe cumplirse.
Marco Albuja, director de la Fundación Lexis, comparte parcialmente la resolución de la OEA respecto al desacato.
Él explica que esa norma está en nuestras leyes desde el tiempo de la Colonia. “Fue ratificado en el 2002 pero viene desde la época del Código de Indias. Y mundialmente está en aplicación desde la época de las monarquÃas, en donde el Jefe de Estado era el representante de Dios en la Tierraâ€.
Sin embargo, Albuja sostiene que debe mantenerse la posibilidad de que un Mandatario pueda defender su honor si es injuriado.
“Hay que legislar bien y definir concretamente qué es una injuria. Si se está injuriando al Presidente o a la persona que está ejerciendo como Mandatarioâ€.
En la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el Presidente sostiene que los insultos en su contra son proferidos en contra de su condición de Jefe de Estado.
“Dicho editorial contiene injurias al propio Presidente de la República. Lo acusa de dirigir una polÃtica de violencia, pretendiendo que yo soy quien gobierno el Ecuador con tumultos, piedras y palos, calificando tal conducta como vergonzosa.â€
La abogada Leonor Fernández se muestra a favor de la abolición de los mencionados artÃculos. Ella manifesta que en democracia la tolerancia a la crÃtica y la oposición es clave. “Hay que aprender a escuchar las crÃticasâ€.
Sin embargo, considera que la lÃnea que separa la libertad de expresión de las injurias es delgada. “No se puede imputar a las personas delitos o condenarlas. Hay que respetar la honraâ€.
De su lado, Ramiro Román va más allá. Él sostiene que en el Código Penal hay muchas normas que impulsan la protección de la seguridad del Estado, de sus autoridades. “Se ha legislado poco en favor de las personas comunesâ€. Él también es partidario de que se deroguen los artÃculos, pero cree que debe haber tolerancia entre los medios y las autoridades.
Enrique EcheverrÃa, experto penalista, manifesta que es viable que se deroguen esas medidas. Él asegura sin embargo, que los medios deben tratar de no ser portadores de insultos o injurias entre los actores polÃticos.
Reclamos por libertad de prensa
Durante esta semana, dos organismos internacionales de prensa abogaron para que el presidente Rafael Correa retire su demanda en contra de diario La Hora.
Primero fue la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El presidente de dicho ente, Gonzalo MarroquÃn, calificó de una medida torpe la decisión del Ejecutivo de demandar al periódico. Aseguró que el desacato es una figura arcaica en América Latina.
PaÃses como Argentina, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú eliminaron esa figura de su normativa.
En Chile fue derogada de manera parcial. En cambio, en Venezuela, esta norma cobró más fuerza tras una reforma realizada en febrero del 2005.
Otro de los reclamos contra la medida del Gobierno fue la protagonizada por el Comité Mundial de Libertad de Prensa. Este organismo denunció que el Mandatario “pretende silenciar a los periodistas de su paÃsâ€. Le instó a retirar de inmediato la demanda.
Otros casos polémicos
Rodrigo Fierro , columnista de este Diario, fue acusado por León Febres Cordero por injurias. La Corte Suprema lo condenó a 30 dÃas de reclusión. La pena no se cumplió, pues Fierro no registraba antecedentes penales.
En el 2003, el ex presidente Lucio Gutiérrez pidió que este Diario revele una fuente de información, tras publicarse una denuncia de que su campaña fue financiada por el narcotraficante César Fernández. Su pedido por atentar a la seguridad del Estado no prosperó en la FiscalÃa.
Fuente Diario el Comercio.
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