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Desde hace dos años y nueve meses Martha N. está recluida en la Cárcel de Mujeres de El Inca, al norte de Quito. “Mi detención fue injusta”, dice indignada al recordar que fue apresada durante un operativo antinarcóticos realizado en el centro de la ciudad.

“Yo estoy detenida aquí porque la Policía encontró en mi casa dos gramos de droga que estaban escondidos en una radio, en el cuarto de mi hijo”. Sin embargo, esta mujer de tez morena y 37 años asegura que esa droga no le pertenecía, sino a su hijo que, en ese entonces, era menor de edad.
Por eso –según Martha- tuvo que asumir el castigo impuesto. Ahora debe cumplir una pena de 12 años “por apenas dos gramos y una culpabilidad ajena”.

Esta mujer es una de las 54 722 personas que desde 1989 hasta el 2005, según cifras de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, han sido apresadas en el país por posesión de estupefacientes. Dentro de esta estadística constan ‘mulas’, consumidores, narcotraficantes, vendedores…

Ricardo Arteaga, ex director de Rehabilitación, está convencido de que por este tipo de reclusiones el país hoy vive una crisis de hacinamiento nunca antes vista.

El delito de narcotráfico en Ecuador es penado de 12 a 16 años de reclusión mayor extraordinaria. Así lo confirmó el magistrado de la Corte Suprema, Guido Garcés, quien señaló que dentro de esta infracción no están considerados los consumidores: “ellos no están sujetos a delito penal”.

Sin embargo, el juez afirmó que no está estipulada una cantidad mínima que pueda llevar una persona. “La Organización Mundial y Panamericana de la Salud reconoce que no es delictivo si poseen unos cinco gramos de pasta de cocaína y cuatro de clorhidrato de cocaína y de heroína”.

Desde 1990 el narcotráfico se convirtió en la principal causa de capturas. Arteaga asegura que el repunte cobró fuerza desde que se implantó la Ley de Tenencia y Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (1992).

“A nivel nacional tenemos de 50 a 70 ingresos semanales. De esa cantidad, de 20 a 25 personas deben ser recluidas por narcotráfico”, aseguró. En 16 años las cifras de detenidos por estupefacientes se duplicaron. Pasaron de 2 094 a 4 217 reos (ver infografía).

Hasta mayo del 2007, en el país había 17 667 detenidos, de ellos apenas 6 417 tenían condena y 11 250 estaban procesados.

Aunque no conoce cuántas detenidas hay en la Cárcel de Mujeres, Martha sí sabe que muchas de sus compañeras están recluidas por consumidoras o ‘mulas’. “La mayoría no tiene sentencia”.

El delito es más común entre las mujeres. En el 2005, por ejemplo, por estos delitos fueron apresadas 914 mujeres, que es el porcentaje más alto en relación con otros delitos. En el caso de los hombres, en cambio, ese año había más recluidos por delitos contra la propiedad (3 861); y por posesión de estupefacientes 3 303 reos.

Según un informe de la revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana Urvio, la criminalización por drogas es un factor que ha elevado, en gran medida, el número de personas privadas de su libertad en el país. En la Cárcel de Mujeres de Quito, el 16 por ciento de las presas incursionó en el tráfico internacional de drogas; el 13,4 se dedicaba al tráfico nacional y regional; el 13,1 por ciento fue detenida por consumo (a pesar de la despenalización desde 1998) y el 27,5 por ‘mula’, según una encuesta realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)

“Muchas compañeras son utilizadas por los verdaderos culpables, esos que van de terno y corbata, que se valen de la pobreza y las necesidades de las personas para inducirlas a cometer delitos”, comenta Martha.

Para Arteaga el problema es que no se puede otorgar la misma pena para un consumidor, una ‘mula’ o un narcotraficante. Él afirmó que dentro de las cárceles deberían estar únicamente quienes han cometido un delito o quienes hayan atentado contra la sociedad, pero no quienes sufren de alguún tipo de adicción.

La catedrática Johanna Pesántez coincide. Asegura que en el país no existe una cantidad de droga considerada dentro del consumo mínimo aceptado. “Para esto se debería hacer un estudio científico que señale una cantidad mínima apta para el consumo; esto permitiría considerar si una persona es consumidora”.

Pesántez no cree que el hacinamiento se deba a la “criminalización de la droga”, sino por el mal manejo del sistema judicial.

Máximo Ortega, actual director de Rehabilitación, dijo que uno de los propósitos del Decreto de Emergencia Carcelaria, firmado el pasado 24 de junio, es frenar el hacinamiento, dando agilidad a los procesos judiciales y construyendo nuevas prisiones.

El funcionario afirmó que estas cárceles tendrán una capacidad para 500 personas y estarán ubicadas fuera de zonas pobladas.

Para Martha esa no es la única solución. “El Gobierno también debería ver que nosotras queremos cambiar. Que nos ayuden con las rebajas ganadas y no regaladas”. Esa es una de las razones por las que participa en diferentes talleres. “Quiero ser alguien y no cometer los mismos errores que cuando estaba afuera”.

Entrevista

Bolívar Cisneros
Comandante de la Policía

‘La droga genera violencia’

La lucha contra la droga ha sido exitosa, pero ha llenado las prisiones de pequeños vendedores, ‘mulas’ y hasta consumidores

Lo que más se toma en cuenta es el número de detenidos, pero la Policía ha desarticulado grandes bandas de narcotraficantes y desmantelado laboratorios de procesamiento de coca. Ha caído gente que lideraba las organizaciones, no solo son los vendedores de barrio.

¿Estaría de acuerdo con un indulto para las ‘mulas’ o pequeños vendedores?

No, porque la droga genera una espiral de violencia.

¿Por qué?

La droga crea una dependencia y provoca la violencia, por que también está involucrado el dinero. Por ejemplo, un pequeño expendedor de droga puede atentar contra la vida de una persona por el simple hecho de que no le pagó. Por dos gramitos se puede asesinar a una persona. Entonces, la droga genera una espiral de violencia que debe ser controlada.

Fuente Diario El Comercio.