VANEGAS VANEGAS ABOGADOS-LAWYERS GUAYAQUIL-ECUADOR

De su parte, Gabriela Cruz, Presidenta de la Fenacopec, expresó que el aleteo o venta ilegal de las aletas proviene mayoritariamente de las grandes embarcaciones y operadores turísticos, y en un reducido número de pescadores artesanales. Para ello, desean que se afiance y mejore el sistema de control y monitoreo en los puertos de desembarque, mas no que se derogue el 486 porque significaría pérdidas económicas a los pobladores y retornarían al contrabando de aletas. “Apoyamos la coordinación con la Armada Nacional e importantes organizaciones internacionales como la WWF y la FAO, pero no dialogaremos con Fundación Natura”. puntualizó.

En su declaración acusó a ese organismo de utilizar imágenes de tiburones faenados que no corresponden a las costas ecuatorianas, sino de bajarlas de la página web www.tortugasmarinas.com. Según la dirigente, los videos también son difundidos por los medios de comunicación, entre esos el canal Teleamazonas.

Cruz adelantó que los pescadores cerrarán el puerto pesquero en Esmeraldas para el 27 de agosto como medida de protesta.

De otra manera, tanto el Instituto nacional de pesca como la Fenacopec no presentaron la información técnica y estadística de los escualos obtenidos por pesca incidental que requirió el Defensor Ramírez.

Frente a esto, el Director del instituto de pesca, José Alfredo Salvador, respondió que solo posee el listado de los desembarques en los principales puertos pesqueros del país, y que informe técnico le corresponde a los barcos atuneros cerqueros que operan en el océano Pacífico oriental. “Esa información la maneja el comité científico de la Comisión interamericana del atún tropical (Ciat)”, comentó Salvador. El funcionario concluyó que las medidas de manejo pesquero (descritas en el 486) son coherentes con el plan de acción nacional para la conservación y manejo de tiburones que se encuentra en el decreto 486.

Por otra parte, la demandante María Laura Roche, Directora Ejecutiva de Fundación Natura capítulo Guayas, reconoció que la idea inicial de derogar la norma por 180 días es “difícil”, sin embargo continuarán con la demanda y además presentarán una propuesta al Gobierno esta semana. El fin es sentar mesas de diálogo con un equipo multidisciplinario que involucre todos los sectores, desde los productivos hasta los artesanales, y perfeccionar el decreto vigente. “Debemos dejar de lado los resentimientos y de pensar que los ambientalistas somos extremistas”, puntualizó. En cuanto a la ruptura del diálogo con los pescadores, Roche comentó que eso es producto de una lamentable campaña de desinformación.

La ejecutiva informó que han recolectado hasta el momento cerca de 10 mil firmas de respaldo en todo el país, pero no quiso pronunciarse sobre una posible demanda ante el Tribunal Constitucional, pues todo dependerá de la respuesta del Gobierno.

Tras la audiencia, Ramírez comentó que a partir del miércoles 22 personal de la Defensoría realizará labores de observación in situ en los seis puertos de desembarque artesanal del país para comprobar o desmentir lo expuesto por las partes. Por ello, solicitó a Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Marcela Aguiñaga, prestar todas las facilidadades para la inspección, al tiempo que invitó a la prensa nacional y las diferentes ONG´s ser testigos oficiales.

Ramírez explicó que si se comprueba el peligro de extinción durante las tres semana que duren las investigaciones, solicitará a las instituciones públicas y privadas del estado iniciar las acciones necesarias para corregir las deficiencias. A su vez aclaró que, “no es competencia de la Defensoría determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto 486”.