En el paÃs 31 abogados asesoran gratuitamente, pero no se dan abasto.
El paÃs cuenta con 31 abogados que trabajan como defensores públicos, según establece el estudio que realizó la Fundación Esquel el año pasado.
La DefensorÃa Pública tiene el propósito de dotar de asesorÃa jurÃdica a quienes no pueden pagar por ella.
Sin embargo, como institución pública no existe en el paÃs, debido a que durante el gobierno de Alfredo Palacio se vetó el proyecto de ley que aprobó el Congreso. Para ello se argumentó que no existÃan recursos, por lo que ahora debe pasar, al menos un año, para que el Parlamento analice el tema.
Una reforma se pretende incluir en la Asamblea Nacional Constituyente. La Fundación Esquel presentó su propuesta a la Comisión de Juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup).
Mientras se aprueba la ley, el Gobierno a través del decreto de emergencia carcelario propuso que una Unidad Transitoria de Gestión impulse temporalmente el servicio de defensorÃa, para agilitar los procesos de los presos sin sentencia.
El director ejecutivo de Projusticia (Programa Nacional de Apoyo a la Reforma de la Administración de Justicia), Gustavo Jalkh, cree que uno de los factores que incide en el hacinamiento en las cárceles es la ausencia de defensores para los acusados. “Estamos delante de una población que no tiene los recursos para pagarse un abogadoâ€, dice.
“Con la ausencia de defensores se provoca el detenimiento y entorpecimiento del proceso penal, porque se frustran las audiencias de juzgamiento y la presentación de pruebasâ€, sostiene Jalkh.
Agrega que “el objetivo no es sacar o meter gente en la cárcel, sino determinar responsabilidades. Debe quedarse el culpable y salir el inocenteâ€.
El Consejo Nacional de la Judicatura afirma, en cambio, que a veces son los mismos internos quienes dilatan las causas. Cometen una serie de incidentes para que se cumpla el año y puedan obtener la libertad por no estar sentenciados.
En Guayaquil, por ejemplo, se fijó hasta 25 veces una audiencia y esta no se realizó porque no habÃa un abogado. En otros casos no asistÃa el juez, el perito y hasta el propio acusado.
AsesorÃas gratuitas
Actualmente, colegios de profesionales, clÃnicas jurÃdicas de las universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) ofrecen asesorÃa legal.
Uno de estos es el consultorio jurÃdico de Rafael Aroca, que brinda su apoyo gratuito en la DefensorÃa Social del Colegio de Abogados de Pichincha, que se integró hace cuatro años. Los 120 abogados que allà laboran voluntariamente llevan en promedio cuatro causas a la semana. Se atienden asuntos penales, laborales y de alimentos.
Para el abogado Aroca este aporte es una retribución a quienes no tienen dinero para costear su defensa. Él fue uno de los mentalizadores de la liberación de los dos internos sin sentencia recluidos en el penal GarcÃa Moreno (Cárcel 1).
Los defensores públicos que existen en el paÃs no cubren la demanda. Por ejemplo, Guayas cuenta con cuatro defensores al igual que Pichincha. Ellos trabajan únicamente en las capitales de provincia y no llegan a las zonas rurales. Las provincias de Napo y Morona Santiago no poseen defensores.
La ex directora del Fondo Justicia y Sociedad de Fundación Esquel, Patricia Esquetini, asegura que la implementación de la ley de DefensorÃa Pública es necesaria porque agilitará los procesos, mejorará la calidad de la justicia y, principalmente, permitirá que los internos tengan una defensa, con lo cual se reducirÃa el hacinamiento.
El presupuesto estimado para implementar la DefensorÃa Pública es de 13 millones de dólares, según fundación Esquel.
Fuente Diario El Universo.
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