En un acto legislativo de celeridad sin precedente, la Asamblea Constituyente aprobó ayer la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, analizada durante solo 11 días y que entrará en vigencia el 1 de enero.
El cuerpo legal, que entre sus principales aspectos contempla modificaciones en el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), tributación para las tierras rurales de más de 25 hectáreas, incremento del impuesto a las herencias desde $ 50.000 y posibilidad de deducir gastos personales del pago al Impuesto a la Renta (IR), obtuvo 91 votos a favor. El apoyo provino de PAIS, Pachakutik, ID, MPD y Honradez Nacional. Cuatro abstenciones provinieron de RED y dos del PSP. Y los 23 votos en contra fueron mayoritariamente de PSC, Prian, UNO y PSP.
La oposición, por intermedio de Gilmar Gutiérrez (PSP), intentó infructuosamente cambiar el orden del día. Esa maniobra hizo que el análisis de la reforma tributaria comenzara recién a las 12:45, una hora después de que la sesión se instaló.
Pero el tiempo perdido fue recuperado y de sobra, gracias a una moción de Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) que permitió que el pleno pasara por alto la lectura del informe de mayoría y entrara de lleno al debate.
María Paula Romo, vicepresidenta de la Mesa de Legislación, fue la primera en intervenir en representación de PAIS y lo hizo para señalar los objetivos de la ley: ampliar la base de contribuyentes, cumplir principios de progresividad, sancionar la evasión y crear incentivos para diferentes sectores.
Pero ese discurso no evitó cuestionamientos. Eduardo Maruri y Mae Montaño, de UNO, la calificaron de centralista porque elimina la asignación del 15% del ICE para las empresas de agua potable y la compensa por medio del presupuesto estatal.
No obstante, Betty Tola, María José de Luca, Gustavo Darquea, Jaime Abril y Fernando Vega insistieron en recalcar las bondades del cuerpo legal. Tola, por ejemplo, se refirió al tributo que pagarán las tierras rurales y sostuvo que menos del 13% de los ecuatorianos posee terrenos que exceden las 25 hectáreas. De Luca, en cambio, citó como ejemplo la compañía ficticia Patito.com, para demostrar que las empresas tendrán la posibilidad de disminuir su IR si contratan a personas con discapacidad.
Pero las críticas siguieron. Pablo Lucio Paredes y Vicente Taiano (Prian) calificaron a la ley de confiscatoria basándose en el impuesto que deberá pagarse por las herencias. Incluso RED, que en otros temas había sido afín a la mayoría, se opuso. León Roldós presentó un informe de minoría y, entre otros aspectos, rechazó el impuesto del 10% a las bebidas gaseosas.
Asimismo, cuestionó el poco tiempo que hubo para el análisis. Pues cuando funcionaba el Congreso, las leyes que más rápido se aprobaban eran las de carácter económico urgente y su trámite no excedía los dos meses. En esta ocasión, y porque así lo determina el reglamento interno de la Asamblea, el informe de la ley fue al pleno para un solo debate en el que no se incorporaron cambios, ya que previamente la mesa recogió observaciones de 62 asambleístas y 43 gremios.
Fuente Diario Expreso.
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