VANEGAS VANEGAS ABOGADOS-LAWYERS GUAYAQUIL-ECUADOR

EL MINISTERIO DE JUSTICIA definitivamente responderá a una necesidad muy actual  de la sociedad ecuatoriana que se debate ante  una crisis de seguridad ciudadana por las  falencias de las otras instituciones encargadas de administrar justicia:  la policía, encargada de perseguir el delito, el ministerio público encargada  de la realización de  la justicia, el poder judicial garante de los derechos ciudadanos y ente sancionador al aplicar la pena, que es lo que faltaba?,  la fase  preventiva.

Muchos tratadistas han discutido contra los que han propuesto incorporar en los códigos penales las medidas de seguridad predelictuales, aduciendo que la prevención es materia del derecho administrativo, de acuerdo todos, que la reacción social no debe seguir esperando el resultado dañoso del delito para actuar, en cuyo caso no le queda mas que aplicar la sanción sin poder subsanar el bien jurídico afectado.  Se ha reprochado al derecho penal su incapacidad para la tutela efectiva de los bienes jurídicos por estar limitado a accionar después de producida la lesión.

 

Las  corrientes actuales del pensamiento criminológico proponen adelantar la reacción social a estadios previos a la consumación del delito, prevenir antes que tener que sancionar, significa esto, el actuar en el estado de alarma, en cuanto se detecta el peligro, para esto es preciso diseñar una política criminal que consiga atacar los factores criminógenos  de la sociedad, lo que es, en definitiva, una tarea de expertos, no puede el nuevo ministerio caer en la practica nociva de improvisar, como han estado improvisando algunos operadores que en los últimos años han venido adoptando medidas que, lejos de solucionar el problema, ha creado otro que a la postre resulta igual de preocupante y que es la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario,  se han endurecido las penas, se ha eliminado beneficios carcelarios, se  creado entes para reprimir a título de seguridad ciudadana, se han contratado expertos extranjeros en represión que han recomendado la construcción de mas centros carcelarios por que los que hay “no alcanzan”, no hemos visto todavía que se haya solicitado el concurso de expertos criminólogos, ese es un error que hay que corregir.

 

Una  política criminal seria debe conseguir menos delitos y no solamente  mas presos, la norma penal para tener validez debe demostrar eficacia, y su eficacia no se mide con la cantidad de presos y reclusos sino con la disminución de los índices de criminalidad, la represión sola no aporta soluciones si no esta acompañada de medidas de seguridad, la rehabilitación tampoco opera sola si después de rehabilitado un reo es devuelto al mismo ambiente criminógeno que lo llevó al delito.

 

El país cuenta con varios institutos de criminología que están ofertando, a la sociedad ecuatoriana, profesionales especializados en estos temas, con estudios e investigaciones en todas las ramas del conocimiento científico universal vinculado, no solo en la dogmática penal  sino también en psicología, psiquiatría, sociología, etc., y el estado debe hoy, con ocasión   de la creación del Ministerio de  Justicia, aprovechar este nuevo recurso humano y buscar la concurrencia de estos profesionales para ocupar el equipo técnico de la nueva cartera, con subsecretarías en las regiones mas conflictivas, no bastan las buenas intenciones, la honorabilidad o el prestigio, es preciso  acreditar formación académica en estos temas tan delicados de los que depende la suerte de los ecuatorianos, la seguridad de sus vidas y de sus bienes.

 

Dr. Manuel Eduardo Suárez Capelo.

Coordinador Encargado.