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Una mezcla de alegría y nerviosismo se evidenciaba en el rostro de N. Amaya. No era para menos. Luego de permanecer 13 días en el Centro de Detención
Provisional (CDP), en Guayaquil, al fin logró su libertad, que fue privada por una demanda planteada por su ex esposa, quien lo acusó de no pasar la pensión alimenticia a su hijo.

Mientras uno de los tres guías que vigila el lugar insiste en que abandone la celda, que no supera los 40 metros cuadrados y donde, desde una rendija de metal se puede divisar el patio, Amaya solo atinaba a juntar sus manos para agradecer al Todopoderoso.

Al fin su ex conviviente había aceptado los 1.200 dólares, que su familia obtuvo a través del préstamo a un chulquero.

Su silueta se perdió por el angosto y frío pasillo que da paso a la primera de las dos puertas de metal del reclusorio. Atrás quedaron 15 presos, trece de ellos, detenidos también por demandas de alimentos a sus hijos.

Aunque la cifra no resulta alarmante, una investigación realizada por EXPRESO en los cinco juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (CSJ-G)revela que cada despacho emite a diario entre 4 y 5 boletas de apremio (detención) para hacer cumplir el pago de una pensión alimenticia, en el 90% para menores.

La institución no cuenta con estadísticas que señalen con exactitud cuántas boletas se han girado en ese sentido, en lo que va del año, ni cuántas personas están detenidas por incumplir la disposición judicial. No obstante, de acuerdo al talonario proporcionado por cuatro de los cinco juzgados de la Niñez se establece que, hasta el 6 de junio se despacharon alrededor de 2.250 órdenes de detención contra padres que no han cumplido con sus hijos.

Según el juez segundo, Carlos Díaz Barreno, el artículo 141 del Código de la Niñez establece las causas por las que se giran las boletas contra el alimentante.
Así, establece que si el demandado no ha pagado de dos o más pensiones, se ordenará su arresto hasta por diez días. En caso de reiteración, el plazo se extenderá hasta por 30 días.

“Si el monto de lo adeudado corresponde a más de un año de pensiones de alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado”, reitera Díaz Barreno.
Un acuerdo o una garantía

El artículo 144 del mismo cuerpo legal señala que el apremio y las prohibiciones contra el demandado podrán cesar si este rinde una garantía real o personal que el juez estime suficiente. El garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor principal, en caso de que no cumpla con lo pactado.

“Es decir que él puede dejar en prenda algo y salir en libertad o llegar a un acuerdo con la actora”, puntualiza el juez.

Pero para Luckay, un biólogo sesentón que, hasta el pasado 5 de junio, seguía privado de su libertad desde hace 8 meses, la solución a su problema no es tan fácil. Hasta ese entonces, no podía conseguir los 9.500 dólares que le exigía su ex esposa, argumentando que no le pasaba la pensión de sus dos hijos.

Luckay decía no entender la actitud de su ex cónyuge. Según él, cumplía religiosamente una pensión de 200 dólares mensuales por cada vástago. Pero su gran error, aseguró, fue no entregar el dinero ante un juez.

El temor de este profesional era perder su trabajo en una empresa petrolera, pues la licencia de permiso estaba por fenecer.

“No sé dónde sacar el dinero. Mi familia vive en el Oriente”, expresaba mientras trataba de ganarse unos cuantos dólares alquilando su teléfono celular a los internos del CDP.
Su compañero de cama es N. Cruz, quien debe cancelar a su familia la misma cantidad de Luckay. Lo irónico e increíble de su caso es que fueron sus dos hijos mayores quienes lo demandaron “porque nunca veló por ellos desde niños”.

A un metro está Johnny N., quien tiene más de 40 días detenido, también por un juicio de alimentos, lo que le costó perder su empleo de mecánico. Dice que su ex mujer le pidió primero 3.000 dólares para concederle la libertad, pero luego fueron $ 6.000 y ahora es una casa y un terreno.

Jimmy N. también tiene su historia. Está detenido hace más de un mes y, al igual que otros compañeros de celda, teme quedarse más tiempo en el CDP. Ya perdió su empleo y su familia no consigue el dinero. “Me quedé sorprendido cuando me detuvo un policía, pues mi ex desapareció hace dos años con mis dos hijos para luego aparecer con la boleta”, dice. Para salir debe pagar 4.500 dólares. (PVC-JPZ)

“Ellos no responden por falta de empleo”

Para el juez tercero de la Niñez y Adolescencia de la Corte de Guayaquil, Nixon Ruiz, más que irresponsabilidad es la falta de plazas de trabajo lo que le impide a muchos padres a cumplir con el pago de las pensiones alimenticias.

“Si el padre está desempleado, obviamente no tiene cómo hacer frente o responder a esas obligaciones y le cae el peso de la ley, lo que se torna a más de un problema social en uno legal, con consecuencias de mantenerlos en la cárcel”, explica Ruiz.

El funcionario judicial señala que muchos de los demandantes se quejan de no tener una oportunidad de trabajo que les permita llevar un mendrugo de pan o cumplir con todas sus obligaciones paternales. No obstante, comenta que otros en cambio, pese a tener las posibilidades económicas no velan por sus hijos.

De allí que recuerda la ley otorga a las madres el derecho de reclamar por sus hijos a través de una demanda.

Una vez que se inicia la acción y si el padre incurre en una mora alimenticia de dos mensualidades, la demandante podrá concurrir donde el juez, para que le otorgue la boleta de apremio, en base al informe que emita la Pagaduría del juzgado.
Si se hace efectiva la orden, el hombre estará preso hasta cuando se ponga al día o llegue a un acuerdo con la madre de sus hijos.

A decir de una de las pagadoras de la Niñez, la mayor parte de las boletas de apremio se giran en fechas como Navidad y fin de año. (PVC)

Fuente Diario Expreso.