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Las presuntas irregularidades detectadas en los últimos días en la Penitenciaría del Litoral apuntan a guías, funcionarios y ex directores del recinto carcelario.

Juan Hidalgo, director del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil (Crsvg), solicitó ayer una investigación al personal administrativo de los departamentos de Diagnóstico y Evaluación, Seguridad y Vigilancia, Dactiloscopia y a los funcionarios que en un período de cinco años estuvieron a cargo de la dirección del reclusorio “ejerciendo su función sin ningún control”.

A ello sumó una investigación sobre la situación jurídica de 50 guías que reciben sueldo del Crsvg, pero que están asignados a las cárceles de Ibarra, Quito, Esmeraldas, Quevedo, entre otras. El pedido lo realizó durante su comparecencia ante el fiscal Héctor Vanegas, dentro de la indagación previa que se inició por un faltante de 239 presos.

Según Hidalgo, tras asumir sus funciones solicitó al Departamento de Vigilancia, a cargo de Hanníbal Fuel, informes sobre las contadas diarias de presos, en los cuales se destacaba como novedad un exceso en los pabellones Buen Samaritano y Cuarentena, este último llegó hasta a 1.012, el 8 de junio. Añadió que al sentirse inconforme con el informe de los guías solicitó al presidente del área de Diagnóstico, Patricio Arévalo, una evaluación de lo sucedido en esos pabellones.

Al no tener resultados lo cambió con otra funcionaria, quien al realizar un conteo superficial en Cuarentena se enteró que “por disposición de guías y jefes de guías se incluía en el listado a personas fallecidas, liberadas, en prelibertad, hospitalizadas y encargadas en otros pabellones”.

Esto motivó un conteo el pasado 9 de agosto que arrojó un faltante de 239 reos, entre los cuales no se descarta a prófugos. Hidalgo destacó la presencia de personal de la Dirección Nacional de Rehabilitación para investigar las funciones que cumplió en la Penitenciaría una anterior comisión, conformada por Patricio Andino, Édgar Carrera, Marcos Morales, Soraya Martínez, William Sarzoza, Germán Russo, Patricio Fiallos, Carmen Alcívar y Jenny Oquera, quienes habrían recibido 18.926 dólares por registrar la identidad y huella de los presos, entre septiembre y diciembre de 2006. (PVC)

Fuente Diario Expreso.