“El país no vive estado de derecho”
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Gómez Mera, convocó a todos los involucrados en el sector a armar un frente común para hacer respetar a la Función Judicial y exigir a la Asamblea Constituyente una rectificación del mandato 02.
Esa posición fue expuesta por Gómez Mera, durante su posesión en el cargo y horas antes, en una reunión que mantuvo con los servidores judiciales, se comprometió a unir a la familia judicial para defender sus derechos.
Frente a los servidores de este poder, Gómez Mera realizó una dura crítica al mandato 02 (que regula los salarios a no más de 4.500 dólares para el sector público), que afecta directamente a la remuneración de los 31 magistrados de la CSJ y anunció que exigirá a la Asamblea reformar dicho documento.
Según Gómez Mera, el país no vive un estado de derecho, pero espera se recupere cuando la Asamblea apruebe la nueva Carta Política.
“No se puede sacar una Constitución prerredactada o preordenada, sino una que salga de las necesidades del pueblo y del Poder Judicial”, dijo Gómez Mera antes de su posesión, a la que estaba previsto que asistiera el mandatario, Rafael Correa, y el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta.
No obstante, Gómez reconoció los plenos poderes de la Asamblea, en virtud de que los mismos fueron otorgados por el pueblo en las urnas, lo cual –expresó– es un fenómeno jurídico.
Calificó de inequitativa e injusta la expedición del mandato 02 por parte de la Asamblea, porque perjudica las remuneraciones de los magistrados de la CSJ.
Según el documento, dijo, el tope de un salario es de $ 5 mil, pero en la práctica los ministros recibirán alrededor de $ 2.900, lo cual no se compadece con la responsabilidad del trabajo. Para él, estos niveles generan distorsiones al permitir que “magistrados de menor jerarquía de provincias de la Amazonía y Galápagos perciban salarios de hasta $ 10 mil”.
Fuente Diario El Universo.
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