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Las presuntas irregularidades cometidas en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil (Crsvg) y en el Centro de Detención Provisional (CDP), denunciadas a mediados de año, hasta ahora no tienen responsables.
Las tres investigaciones fiscales que se iniciaron para esclarecer el faltante de 234 internos de la PenitenciarÃa; asà como el destino del dinero asignado para el rancho de los presos y presuntos cobros a infractores, permanecen estancadas. Esto, pese a que existen versiones que corroboran lo denunciado y un informe que recomienda el inicio del correspondiente sumario administrativo contra funcionarios y guÃas de la PenitenciarÃa.
La recomendación se realizó el pasado 4 de octubre, dentro de un oficio realizado por el abogado VÃctor Jaramillo, del Departamento de AsesorÃa Legal del Crsvg, que fue dirigido al ex director, Joselo Albán.
El documento recoge una investigación realizada a empleados, guÃas y funcionarios del CDP, algunos de los cuales fueron denunciados en mayo pasado por tres detenidos. Estos revelaron los presuntos cobros que se realizaban en el centro de 30, 40 y hasta 50 dólares por celda, salidas al patio, visita de familiares y hasta por firmar las boletas de libertad, entre otras irregularidades. Una de las denuncias fue dirigida al alcalde Jaime Nebot.
La investigación concluye que las 19 personas investigadas, entre las que se incluye al ex director del CDP, Jaime Pinela, cometieron irregularidades, por lo que se deberÃa iniciar un expediente a los guÃas, jefes de guÃas, a Pinela y funcionarios del CDP.
El informe fue remitido también al fiscal Xavier Espinoza, quien aún no encuentra méritos para imputar a los denunciados.
Mientras, la indagación abierta por el fiscal Héctor Vanegas, quien investiga una presunta adulteración de los listados donde se hace constar el número de reos que supuestamente permanecen fÃsicamente en el Crsvg, avanzó hasta el 11 de octubre con las versiones de un total de 53 personas, entre funcionarios, guÃas y empleados.
La irregularidad fue denunciada por el ex director de la PenitenciarÃa, Juan José Hidalgo, tras realizar un cotejo de la lista que entregaban en ese entonces los jefes de guÃas con los registros de secretarÃa de la entidad. En un conteo general se determinó que faltaban alrededor de 234 presos.
Según la versión de un guÃa que labora en el centro carcelario desde el 2001, en los listados se han incluido prófugos, muertos, trasladados a otras cárceles, enfermos en hospitales y los arrestos domiciliarios.
“Se los ha contado como si estuvieran fÃsicamente en la PenitenciarÃaâ€, enfatizó, al destacar que del particular tenÃan conocimiento jefes de guÃas y jefes de seguridad del centro carcelario “sin que se tomen los correctivos del caso, ya que la contada se entregaba al jefe de guÃasâ€.
Sospechas en desvÃo de rancho
El faltante de presos originó simultáneamente otra indagación que está en manos del fiscal Errol Elizalde, ante la sospecha del desvÃo del dinero asignado para la alimentación de cerca de 6.000 dólares, cuando solo comÃan con $ 4.000.
Según el funcionario, hasta el momento no se han encontrado méritos para iniciar una instrucción fiscal, aunque no ha receptado las versiones de Rafael MejÃa y Carmen Pimentel, quienes suministran la comida en la PenitenciarÃa. Ambos han sido llamados por tres ocasiones a rendir su versión.
Un informe de la comisión de la Jefatura de Control Interno de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social señala que no se puede determinar si hay o no desvÃo de comida, porque no hay un control de las raciones alimenticias por parte de la seguridad, por cuanto el número de presos no es confiable, ya que hay anomalÃas en el control realizado por los guÃas. (PVC)
Reclusas piden ayuda fiscal
El Ministerio Público del Guayas conformó ayer una comisión especial jurÃdica para indagar la situación legal de las reclusas del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil.
La medida se debe a una serie de denuncias e inquietudes recogidas por el ministro fiscal distrital (e) Antonio Gagliardo, formuladas el pasado fin de semana por las internas de la cárcel de mujeres. Según el funcionario, las presas le hicieron conocer que algunas de ellas están recluidas más del tiempo dispuesto por los juzgados o tribunales penales de la Corte Superior de Guayaquil, donde se tramitan sus causas.
Algunas incluso aseguraron haber cumplido varios años sin sentencia, por lo que podrÃan acogerse al numeral 8 artÃculo 24 de la Constitución. Según Gagliardo, muchas de las detenidas han concurrido a las audiencias de juzgamiento, pero por causas ajenas no se han realizado las diligencias.
Ante esta situación, el Ministro Fiscal dispuso a sus asesores Luis Sánchez y Francisco Freire para que recojan las inquietudes de las internas, y emitan un informe. (PVC)
Fuente Diario Expreso.
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