La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio paso a la demanda de 28 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituidos el 2004 por el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez.
Este tribunal incluyó además en ese reclamo a los ocho ex vocales del Tribunal Constitucional destituidos a su vez por la llamada Pichi Corte, en el 2005. El Estado ecuatoriano y los afectados deberán llegar a un acuerdo previo, caso contrario el CIDH fijará los montos de las indemnizaciones.
El 8 de diciembre del 2004, una mayorÃa parlamentaria destituyó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Un mes antes, 25 de noviembre, habÃa sucumbido el Tribunal Constitucional (TC). Eran los tiempos en que gobernada Lucio Gutiérrez.
Los ex vocales del TC, en febrero del 2005, y los ex magistrados de la CSJ, en diciembre del 2004, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, por violación a los derechos humanos, la cual fue admitida el 27 de febrero de este año.
Mauro Terán, ex vocal del Tribunal Constitucional (TC), explicó ayer que la citada Comisión aceptó la procedibilidad de la acción judicial.
Nicolás Castro Patiño, ex juez de la Corte del 97, dijo que el organismo “exhortó†a las partes a llegar a un acuerdo. Enrique HerrerÃa, ex vocal del TC, señaló que ello debe concretarse en los próximos tres meses.
Terán señaló que ellos fueron elegidos para un periodo constitucional de cuatro años. “Entonces fuimos cesados sin ninguna causa, simplemente porque hubo una nueva mayorÃa (del Congreso), y nos cesaron, eso no es causal, no nos dieron derecho a la defensaâ€.
Él convendrÃa en llegar a un acuerdo con el Estado ecuatoriano, pero habrÃa que ver qué plantea a través de su representante, el Procurador.
Castro puntualizó que “es evidente que se avecina, para el Estado ecuatoriano, en el evento de que no hubiese un acuerdo entre las partes, una sentencia condenatoriaâ€.
Rosendo López, ex miembro de la Comisión de Calificación de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), sostuvo que no se siguieron todos los procedimientos legales para reestructurar al organismo judicial.
“El Congreso Nacional no tenÃa facultad para ello. Sin embargo, se indicó que por última vez se hacÃa esa nueva designación, pero fue un reparto, simplemente del botÃn polÃtico y sobre todo con gente muy allegada al gobierno de Lucio Gutiérrez (presidente)â€, añadió.
Castro también manifestó que tendrÃan que reunirse con sus ex compañeros para tomar cualquier decisión.
HerrerÃa aclaró que se lo debe restituir en el cargo, indemnizarlo y reponer todos los emolumentos no recibidos durante ese tiempo, que lo deberán pagar los ex diputados y el ex presidente Gutiérrez, causantes de ese atentado a la Carta Magna, mediante un acto de repetición, planteado por el Estado.
Si no hay entendimiento, la demanda serÃa sustanciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, que fijarÃa los montos de las eventuales indemnizaciones.
Dos cortes
El 9 de diciembre del 2004 sesionaron en Ecuador dos Cortes paralelas, las que reclaman la legitimidad de sus designaciones. La primera, destituida por el Congreso la medianoche del dÃa 8, sesionó en el Colegio de Abogados de Quito; y la segunda, elegida enseguida por esa misma Función, se instaló en la sala de sesiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la ciudad capital.
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