Oct 22
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El suplicio de las audiencias judiciales.

Familiares, amigos, vecinos, policías, abogados, testigos, fiscales y jueces convergían en un solo punto: el segundo piso de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

Todos tenían un objetivo en común: esperar que los presos asistan a las audiencias de juzgamiento convocadas por los tribunales penales y terminar con ello el suplicio que por meses llevan familiares de las víctimas y hasta de los imputados. Los asistentes -en su mayoría allegados de los procesados- habían procurado llegar temprano a las salas para coger asiento y situarse cerca de ellos. Otros, simplemente para escuchar la exposición judicial.

El reloj marcaba las 09:45 cuando repentinamente en grupos de a cinco, 31 internos de la Penitenciaría del Litoral comenzaron a recorrer los pasillos de los tribunales, resguardados por una veintena de guías penitenciarios y efectivos de la Policía Nacional.
Cabizbajos y otros sonrientes se repartían en cada uno de los cinco tribunales penales, donde sus vestimentas, sin distintivo alguno, los confundía con usuarios. Tres de los detenidos, entre ellos una mujer, se dirigieron hasta la sala del segundo tribunal, donde las puertas se cerraron al público por considerarse reservada. El caso:una violación.
Simultáneamente, en la sala de enfrente, otros cinco presos ingresaban también para su juzgamiento. “Son los Alarcón”, decía en voz baja uno de los presente. Tras de ellos, ingresaba también Roberto Blashke Cerón, quien fue señalado por la Policía como el Rey del estruche. Otros dos detenidos lo acompañaban.

Los tres últimos tuvieron que retirarse luego de que la presidenta del tercer tribunal Penal, Yolanda Sánchez, instalara la primera audiencia por el asesinato de Alan León Tapia y Álex Cañar Andrade, ocurrido el 26 de agosto de 2005, en el cantón Samborondón. Solo quedaban los acusados:Washington Burgos Martínez, Teobaldo Alarcón Burgos, Juan Oswaldo Yance Torres, Milton Alarcón Burgos y Johnny Rodrigo Alarcón Chichande.

A las 10:00, el gran jurado conformado por tres magistrados, dieron paso a la diligencia. A su derecha se situaron los imputados ya libre de las esposas, acompañados de dos defensores. A la izquierda, el fiscal Marlon Castro y los acusadores particulares, entre ellos Carlos León, padre de una de las víctimas.

Al inicio de la lectura del expediente, el juez Joaquín López pidió la salida de 2 mujeres que llevaban niños en brazos, una de ellas esposa de un imputado.

El ruido proveniente de los pasillos impedía escuchar con claridad a la secretaria del despacho. Pero aquello no molestaba a los abogados de los procesados que intercambiaban criterios.

Tras la lectura, el fiscal Marlon Castro inició su exposición. El timbre de teléfonos celulares interrumpía por segundos al funcionario. El juez López, quien estaba atento a cualquier anormalidad, pedía que apaguen los aparatos, lo que no se cumplió.
El abogado del acusador particular siguió la exposición. Su voz, aunque grave, provocó más de un bostezo y a ratos sueño. Los detenidos, quienes a ratos sonreían, eran los más atentos.
Tras media hora, los testigos de la Fiscalía, en su mayoría los policías que participaron en las investigaciones, fueron llamados para rendir su testimonio.
“Jura usted decir la verdad y solo la verdad…”… “¡Sí juro!”, juraba cada uno.

El ruido proveniente de una parte del público que estaba de pie provocó su salida por disposición judicial. La orden se cumplió a medias ante reclamos de que era una audiencia pública. El policía de custodia no pudo ejercer un mejor control.

La sala sucumbió cuando el agricultor Duarte Cevallos se levantó exaltado del asiento donde exponía su testimonio y se acercó a los imputados para señalarlos de haber masacrado a su familia. Su actitud, que provocó el murmullo y la risa de algunos presentes, dejó al descubierto que no había sido preparado para la diligencia, así como otros testigos. A su paso siguió Carlos León, quien pidió justicia por su hijo muerto.
Ya el reloj marcaba las 12:15 cuando la presidenta del tribunal decidía suspender la audiencia después de cinco días, por pedido fiscal. La sala comenzó a ser desalojada para quedar vacía como al principio. (PVC)

>> en quito

Jueza multa a fiscal por no ir a audiencia

Era la sexta vez que Luis Chávez, acusado de pornografía infantil, esperaba en la sala de audiencias del tercer tribunal penal de Pichincha la audiencia de juzgamiento que fue declarada fallida.
Con la mirada en el piso, las manos sujetadas por un par de esposas y la custodia de un guía penitenciario, este acusado tuvo que escuchar los reproches de la jueza Gladys Terán por la inasistencia de la fiscal de Delitos Sexuales, Tania Moreno.
Luis Enrique Chávez es uno de los cientos de reos que, a partir del 23 de octubre, pedirá su libertad por haber permanecido un año detenido y no haber recibido sentencia.
La paciencia de la juez terminó con la imposición de una multa a la fiscal y la negativa de recibir una justificación enviada por un amanuense.
El acusado tuvo que regresar al ex penal García Moreno a la espera de un nuevo señalamiento. Como él, otros dos presos que habían sido traídos desde Santo Domingo tuvieron que ser trasladados al ex penal para esperar en cambio que el segundo tribunal penal concluyera una audiencia por violación que se prolongó desde el día anterior.
Los guías evidenciaron su malestar porque no es la primera vez que fallan las audiencias en esta semana. (MCV)

Fuente Diario Expreso.


Author: Diseño Web Ecuador