Al hombre fuerte del Gobierno le llega la hora de la definición polÃtica. Para mañana está prevista la interpelación del ministro de EconomÃa, Ricardo Patiño, planteada por los diputados Luis Almeida (PSP), Diego Ordóñez (UDC) y John Argudo (ID).
La sesión extraordinaria fue convocada por el titular de la Legislatura, Jorge Cevallos, para las 10:00. Antes del juicio polÃtico, se tratarán dos puntos: la votación del artÃculo 12 del veto de ley de justicia financiera (sobre fijación de tasas de interés) y la designación de Robert Andrade, como miembro de la Junta Bancaria.
En la mañana de ayer, el Ministro admitió, en Ecuavisa, la posibilidad de no comparecer. “Estoy pensando en si debo o no ir al Congreso. Con excepciones contadas y respetables, es un Congreso deslegitimado. Es una evidencia de una realidad difÃcil para irâ€.
Esto tras la división del bloque de diputados de la Dignidad Nacional, supuestamente cercanos al Gobierno, que se produjo la semana anterior, lo cual impidió la destitución al superintendente de Bancos, Alfredo Vergara, y el apoyo a una parte del veto al proyecto de ley de justicia financiera.
Las expresiones de Patiño además concuerdan con las sospechas de varios legisladores de que la denuncia en contra de los supuestos diputados “corruptos†era una estrategia para debilitar al Congreso frente al juicio polÃtico.
El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, en rueda de prensa recordó ayer que si el Ministro de EconomÃa no asiste al llamado del juicio polÃtico, puede ser enjuiciado y censurado en ausencia o rebeldÃa, tal como establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“No es correcto ni prudente, pero si el ministro Patiño ha elegido eso, no nos queda otra alternativaâ€, dijo Cevallos, después de una reunión que mantuvo en la mañana en su despacho con los diputados Carlos González (ID), Diego Ordóñez (UDC), Homero López (PRE), José BolÃvar Castillo (ARE) y MarÃa Ãlvarez (PSP).
Esta última legisladora consta en la lista de 18 legisladores que supuestamente chantajearon al Régimen con el pedido de cargos públicos a cambio de respaldar el veto del Ejecutivo al proyecto de ley de justicia financiera.
Al parecer, el Ejecutivo no está dispuesto a que Ricardo Patiño sea censurado por el Congreso, pues eso significarÃa el más duro revés polÃtico, pues se trata del Ministro emblemático del Gabinete del presidente Correa.
Para ello estarÃa buscando rearmar la mayorÃa con los legisladores de Dignidad Nacional.
El martes por la tarde se reunieron 16 de los 23 legisladores de este grupo y acordaron permanecer unidos. No asistieron César Alonzo, Emperatriz Espinosa, Claudia Jijón, Luis VelasteguÃ, Fausto Mora y Marcelo Totoy. “Ellos se han apartado del grupo, han apagado sus teléfonos, ya no forman parte de este bloqueâ€, dijo el diputado Miguel Castro, quien es el jefe de esa bancada.
En la mañana, la diputada Espinosa se declaró independiente y aseguró que no aceptará chantajes. “Yo votaré -comentó- de acuerdo con mis conviccionesâ€.
Una muestra del acercamiento del Gobierno con este grupo de legisladores serÃa la denuncia penal que presentó el Ejecutivo. Ante la FiscalÃa General únicamente acusó al diputado Alonzo (ex PSP) y no se hizo referencia a los 18 parlamentarios que denunció el presidente Rafael Correa, el sábado, ni a 12, como informó una fuente del Ministerio de Gobierno, el lunes por la tarde.
Si los 16 diputados de la Dignidad Nacional coinciden en la votación, pudiera favorecer al interpelado, pues lo harÃa en contra de su censura o se abstendrÃan. Para esta decisión se requieren 51 votos. A favor de la moción de censura estarÃan los bloques del PSC (11) PSP (13) Prian (15), ID (7). Suman 46. FaltarÃan cinco votos.
AsÃ, el escenario polÃtico para el Ministro luce incierto.
Las acusaciones
Ricardo Patiño es acusado por Luis Almeida (PSP) de un supuesto beneficio económico a favor de un grupo de tenedores de los papeles de la deuda, con el pago de 130 millones de dólares.
Según el interpelante, el Ministro de EconomÃa, al reunirse con delegados del grupo Abadi, habrÃa incurrido en asociación ilÃcita para delinquir en contra del Estado y traición a la Patria. Por eso, plantea que el expediente debe remitirse a la FiscalÃa.
La eventual censura no conlleva la destitución del funcionario, pues su continuidad o no en el cargo depende de la decisión del Presidente de la República.
Fuente Diario El Comercio.
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