La suerte de la ex gerenta de la AGD, Alejandra Cantos, está en manos del Cuarto Tribunal Penal de Pichincha.
Los jueces Luis Costales, Guillermo Miño y Elizabeth Narváez tienen en sus manos el caso por presunto peculado contra la ex funcionaria, quien se encuentra asilada desde hace tres meses en Venezuela.
Además de Cantos, están implicados Pedro Votruba y Reinaldo Valarezo, también ex funcionarios de la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD).
En noviembre pasado, el juez penal de Pichincha, Luis Fernández, los llamó a juicio por supuesto peculado en el traspaso de una deuda de la compañÃa Parkenor a SilvadÃn (ambas vinculadas al Banco de Préstamos).
Según el juez, al realizar ese cambio en la AGD se volvió incobrable la deuda de Parkenor, que ascendÃa a cinco millones de dólares, pero con los intereses sumaba 13 millones. Esa firma posee un conjunto de 250 almacenes, bodegas y lotes al norte de Quito.
Esa sentencia fue ratificada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Quito. Tras la apelación de las partes, el caso recayó en el Tribunal Cuarto de lo Penal.
Ayer, durante la audiencia, grupos de mujeres que respaldan a Cantos concurrieron al auditorio, ubicado en las avenidas Seis de Diciembre y PiedrahÃta, en el centro norte de la urbe. La Coordinadora PolÃtica de Mujeres y la Fundación Nela MartÃnez impulsan la defensa. De acuerdo con las activistas, existe una persecución polÃtica en contra de Cantos. Ellas pidieron que se absuelva de forma definitiva a la ex vocal de la Comisión Anticorrupción.
Por la presencia de las activistas, la seguridad policial fue reforzada en el auditorio.
En la audiencia reservada, los jueces escucharon los argumentos de la FiscalÃa como parte acusadora y de los implicados.
Según la defensa de Cantos, liderada por AnÃbal Tamayo, el Comité de Crédito de la AGD, “aplicó la deuda al real beneficiario del crédito en una ilegal operación efectuada por los ex administradores del Banco de Préstamos en 1997â€. De acuerdo con la defensa, no existe perjuicio alguno al Estado y el cheque por los 5 millones de dólares del supuesto crédito a Silvadyn reposa en la AGD para el trámite correspondiente.
Por su parte, la FiscalÃa se mantuvo en las acusaciones en contra de los funcionarios. Según el Ministerio Público, ese movimiento contable (traspasar la deuda de Parkenor a SilvadÃn) originó que la primera empresa reduzca de forma ilegal sus obligaciones con el Banco de Préstamos, que está en manos de la AGD.
Los movimientos sociales que respaldan a Cantos rechazaron las actuaciones de la FiscalÃa, pues afirman que aún se mantiene en suspenso la investigación abierta respecto a la operación realizada por los ex administradores del Banco de Préstamos en 1997 en el caso Silvadyn-Parkenor.
Ayer la diligencia continuaba tramitándose hasta la tarde. Después de la audiencia, los jueces del Tribunal Cuatro están en capacidad de emitir una sentencia. Cantos y Votruba están en permanente contacto con sus defensores desde Venezuela.
Fuente Diario El Comercio.
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