El hedor de los calabozos de la Jefatura de la PolicÃa Judicial (PJ) de Pichincha sube desde el subsuelo y se extiende por las oficinas de los pisos superiores del edificio, ubicado en las calles Roca y Juan León Mera, en Quito.
Ese lugar es el destino de quienes fueron sorprendidos cometiendo delitos contra la propiedad, presuntos estafadores, asaltantes y otros infractores de la Ley.
Según Rodrigo Beltrán, subjefe de la PJ, esa infraestructura fue prevista para albergar a un máximo de 40 detenidos, y solo por un dÃa. Pero, actualmente se encuentran 169. Su afirmación se basa en el artÃculo 165 de la Ley de Procedimiento Penal que dice que “la detención por un delito de acción pública no deberá exceder las 24 horas…â€, pero eso no se cumple en la práctica. Hay gente que pasa cuatro meses en las celdas, esperando el traslado al Centro de Detención Provisional (CDP).
El año pasado 3 791 personas ingresaron a las celdas preventivas de la PJ. De ellas, 3 457 fueron evacuadas porque salieron en libertad o porque fueron trasladadas al CDP. El paso de 334 personas quedó pendiente.
En promedio -dice Marcos GarcÃa, abogado de la PJ-, de los 120 presos que cada semana ingresan, solo 20 se trasladan al CDP. Los que se quedan en los calabozos sufren severas incomodidades.
“Dormimos en el suelo, amontonados, y compartimos la comida. Acá no entran visitasâ€, relata David V. de 37 años, antes de salir al baño con otros nueve presos.
La PolicÃa no puede hacer más, dice Patricio Marcillo, asesor jurÃdico de la PJ. La custodia de los detenidos está a cargo del CDP, ente dependiente de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, pero las autoridades dicen que no hay espacio, según Marcillo.
Jorge Nogueira, director del CDP ubicado en San Roque, confirma esa versión, pero aclara: “el Centro tiene capacidad para 200 detenidos, pero tenemos 600â€.
El problema de la congestión no solo afecta a la PJ, sino a todo el sistema carcelario, señala Nogueira. En el CDP hay 300 detenidos con boletas de encarcelamiento. Pero ellos deben esperar que haya vacantes en las cárceles porque están saturadas de internos.
Hace un año y medio, el Municipio de Quito se manifestó a favor de la rehabilitación social y se comprometió a dar USD 1 millón para la construcción de un nuevo CDP. Desde entonces no se habló más del proyecto.
Además de la ayuda financiera, el Cabildo anunció que facilitarÃa los permisos de construcción de los nuevos predios. “De la ubicación de los espacios óptimos para la construcción y del financiamiento de la obra debÃa encargarse el Ministerio de Gobiernoâ€, señala el concejal Pablo Ponce.
Máximo Ortega, director nacional de Rehabilitación Social desconoce si el proyecto ofertado hace año y medio se ejecutará o no. “Estamos en emergencia carcelaria. Hay que esperar la decisión del Ejecutivoâ€, recalca.
Mientras los planes se concretan, el panorama en la PolicÃa Judicial es desolador para los detenidos, como Edith G., de 19 años, quien permanece en la celda con otras 19 detenidas. “Cuando iba a entrar al CDP me hicieron la prueba de embarazo como salió positivo tuve que volver a la PJâ€. El martes pasado, la mujer cumplió su tercer mes de embarazo.
Un decreto para los defensores
El presidente Rafael Correa firmó, el viernes pasado, el Decreto Ejecutivo 563, con el cual formalizó la creación de la unidad de gestión temporal para la DefensorÃa Pública, prevista en el decreto de Emergencia carcelaria.
El objetivo de este ente es agilitar el trámite de los 11 904 casos de presos sin sentencia que se registran en las cárceles.
Ernesto Pazmiño, director de la unidad, aseguró a este Diario que para iniciar el proyecto se espera que el Ministerio de EconomÃa desembolse los recursos para contratar a los abogados. Ellos se encargarán de tramitar los casos de aquellos presos que no tienen recursos para pagar un defensor.
Aunque aún se evalúa cuántos reos requieren de un abogado, Pazmiño calcula que hay por lo menos 5 000 juicios que necesitarán de la ayuda de los defensores. “Lo técnico es que no haya más de 15 juicios por abogadoâ€.
Pazmiño, además, dijo que el trabajo de defensores voluntarios ha sido descartado por el Presidente. Por lo tanto, se convocará a un concurso público en el que podrán participar universidades, colegios de abogados, firmas, fundaciones y corporaciones con experiencia en la defensa penal. Los ganadores se someterán a un reglamento con parámetros de calidad para que los abogados se responsabilicen de su labor.
Fuente Diario El Comercio.
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