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El Gobierno, a favor de pedir el indulto de Nelson Serrano.

Un empresario de 68 años. Nelson Serrano es el primer ecuatoriano detenido en EE.UU. que es condenado a la máxima pena. Ampliar Imagen Foto:EL COMERCIO

Redacción Judicial, AP y AFP

Nelson Serrano escuchó de pie su condena. La prensa internacional relató que se encontraba impasible, cuando la jueza Susan Roberts anunció que fue condenado a morir por los crímenes de George Gonsalves, Frank Dosso, Diane Patisso y George Patisso.

Ellos murieron el 3 de diciembre de 1997. Sus cadáveres fueron hallados ese día por Felice Dosso, padre de una de las víctimas, en una fábrica de ropa de la cual Serrano era socio.

La Fiscalía de Florida sostuvo que él era el principal sospechoso del cuádruple crimen y que su móvil fue una disputa económica, pues en 1997 hubo problemas en el interior de la empresa.

El Gobierno de EE.UU. buscó a Serrano durante cinco años. Hasta que lo encontró en Quito, donde había regresado para reorganizar su vida junto a su familia. Estuvo durante dos años en la ciudad, compró vehículos y recuperó la nacionalidad ecuatoriana.

Sin embargo, el 31 de agosto del 2002 fue deportado a EE.UU. bajo el sustento legal de que no era ecuatoriano, sino que se trataba de un cuidadano estadounidense que estaba ilegal en el país.

A partir de esa fecha, empezó el juicio en Bartow. El fiscal John Agüero aseguró que el empresario armó un macabro plan para cometer los crímenes. Dijo que fingió un viaje a Atlanta, para luego trasladarse a escondidas hasta Bartow y atacar a los cuatro.

Esa versión es rechazada vehementemente por la familia de Serrano y por sus abogados. Alfredo Luna, familiar del detenido, sostuvo que hasta el momento la Fiscalía no ha presentado ninguna prueba contundente que vincule a Serrano con los crímenes.

“La única evidencia que se usa como válida es una huella digital (encontrada en un recibo del estacionamiento del aeropuerto de La Florida) y que fue descalificada por el propio testigo de la Fiscalía, quien dijo que como prueba no cumple los requisitos lógicos para ser tomada en cuenta”.

La defensa de Serrano trabajó cuesta arriba desde octubre del año pasado, cuando un jurado lo encontró culpable de asesinato en primer grado. Sus abogados usaron varias estrategias para detener la condena a muerte.

Viajaron a Ecuador para recopilar la versión de familiares y amigos de Serrano, quienes decían que no era el cruel asesino que señalaba la Fiscalía de Florida. También argumentaron que su detención en Quito y que su repatriación a los EE.UU. fueron ilegales.

Por ese motivo, la Comisión Interamericana de DD.HH. aceptó una demanda de Serrano en contra del Estado ecuatoriano.

Esos argumentos no fueron acogidos por la Jueza y esa acción no causó sorpresa a los familiares del empresario. “Es una jueza parcializada, porque una de las víctimas fue su compañera de trabajo. Por decencia tenía que excusarse. Además, se encontró a una representante de la Fiscalía reunida con el jurado”, sostuvo Luna.

Para la Embajada de EE.UU. en Ecuador, las palabras de los familiares no tienen sustento. “Él ha sido juzgado como un ciudadano estadounidense. El Estado ecuatoriano en su defensa ante la Comisión Interamericana alegó que fue deportado legalmente… Se han respetado sus derechos. Incluso, se permitió el acceso de autoridades ecuatorianas para que lo visiten en la prisión, aunque era enjuiciado como estadounidense”, explicó ayer un funcionario de la misión diplomática.

Para los allegados a Serrano la decisión de Roberts aún puede revertirse y evitar que vaya a la cámara de la muerte. Ellos preparan una apelación, que según las leyes estadounidenses, puede ser presentada ante la Corte Federal.

La defensa del empresario tiene 90 días para presentar ese recurso jurídico. Luego pasarán otros seis meses hasta que una corte federal resuelva el pedido. La base de la apelación no cambiará: se sustentará en que el juicio no tiene validez legal porque es un ciudadano ecuatoriano inocente.

Las fechas clave

El 31 de agosto del 2002, el entonces intendente de Policía de Pichincha, Víctor Hugo Olmedo, ordenó su deportación. La diligencia duró pocas horas y fue enviado a los Estados Unidos.

El 24 de octubre del 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda contra el Estado ecuatoriano, por su traslado a EE.UU.

El 12 de octubre del 2006, un jurado de Bartow lo halló culpable de homicidio en primer grado y recomendó la pena de muerte.

El 20 de marzo del 2007, la Defensoría del Pueblo pidió que se indague a las autoridades que ordenaron la repatriación.

El Gobierno pedirá el indulto

Según Alfredo Luna, el Gobier reaccionó tardíamente al proceso judicial contra Nelson Serrano. Durante varios meses no atendieron sus pedidos para ayudarlo en su defensa en La Florida.

Ayer, luego de que se conoció su condena a muerte, varios funcionarios hablaron sobre el caso.

La canciller, María F. Espinosa, dijo que se realizará un seguimiento y verá cuáles son las opciones que se tiene en este caso. Y explicó que “hará llegar a Estados Unidos el rechazo de Ecuador a la pena de muerte y que aboga por juicios justos y objetivos y la garantía de los derechos humanos”, dijo a Radio Quito desde Suiza.

Luego, el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, sostuvo que “como país nos oponemos a la pena de muerte y creemos que debe ser indultado, por eso pediremos la condonación de esa sentencia”.

En tanto, la Defensoría del Pueblo que participó activamente en la defensa aseguró que apelará la sentencia. El representante de la institución, Claudio Mueckay, aseguró que se está cometiendo una injusticia. “Estoy absolutamente convencido de que el procedimiento fue ilegal y a mi juicio considero que Serrano es inocente”, indició ante la prensa.
Fuente Diario El Comercio.


Author: Diseño Web Ecuador