La adulteración de la calidad, cantidad o precio de los combustibles y el contrabando de estos serán reprimidos con multas de hasta 2.000 remuneraciones mensuales unificadas (RMU) y sanciones penales de hasta 12 años de prisión.
Asà lo decidió el Congreso, ayer, con la aprobación de la Ley de SoberanÃa Energética, que fue enviada por el presidente Rafael Correa. Los diputados dieron luz verde a la norma, aunque le cambiaron el nombre y ahora es la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal.
El texto aprobado por el Congreso, si bien mantiene el espÃritu de las sanciones, reduce el monto que habÃa establecido el Primer Mandatario. En el proyecto original se hablaba de sanciones de entre 2.000 y 3.000 salarios, según el caso. Los legisladores fueron más allá de la imposición de sanciones.
En el art. 5 del documento final establecieron que “queda prohibido el uso de gas doméstico para combustible de automotores y piscinasâ€. Según el diputado John Argudo (ID), las sanciones para quienes incurran en este delito serán de tipo económico. “Está prohibido y existen sanciones de 25, 50 y 100 RMU cuando se compruebe que ha existido un acto fraudulentoâ€.
En otros casos de posibles irregularidades, los diputados fijaron multas de entre 8.500 y 34.000 dólares, si se comprueba la adulteración de la calidad, cantidad o precio de los productos. Si estos problemas se presentan en las comercializadoras de combustibles, la sanción se multiplica por 10. Es decir: 85.000, 170.000 y 340.000 dólares. El tráfico de combustible en la frontera también fue duramente sancionado:hasta con 12 años de prisión y multas de hasta 2.000 dólares.
Si el delito lo comete el dueño de una estación de servicio, las multas pueden ser de 6 a 9 años de prisión y multas de 1.000 a 2.000 salarios. Para tratar de viabilizar la oportuna denuncia de los delitos, el Congreso estableció que el denunciante tendrá derecho al 25% de la multa económica que pague el infractor. Este pago se hará una vez que esté en firme la sanción y se establezca los procedimientos, dice la resolución del Congreso. (IGF)
Diario Expreso.
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