Hoy caduca el plazo de la prisión en firme dictada por el Tribunal Constitucional (TC), el 23 de octubre del 2006. Pero nada hace prever que ocurra una salida masiva de los reos, que no han sido sentenciados por más de seis meses y un año, en delitos de prisión y reclusión, respectivamente.
En lo concreto,  850 reos aspiraban a ser excarcelados, al acogerse al artÃculo 24 de la Constitución. La Carta Magna señala que “la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la prisión quedará sin efecto…â€.
La protesta sigue
Alexandra Ordóñez , presidenta de la Cárcel de Mujeres de Quito, manifestó que esta semana tampoco permitirá  el ingreso de nuevas internas a ese centro.
Gean Carlos Aragundi , presidente de los reos del  penal GarcÃa Moreno, conversará hoy con los representantes de la DefensorÃa del Pueblo para redactar la carta de inconstitucionalidad contra la Ley aprobada por el Congreso.
El caos en los calabozos de la PolicÃa Judicial persiste, pues los detenidos no pueden ser transferidos a las cárceles de la ciudad.
No obstante, con la aprobación en el Congreso de las modificaciones al artÃculo 169 del Código de Procedimiento Penal y de una Ley Interpretativa a ese artÃculo los plazos que se señalan en la Constitución hoy son relativos.
El tiempo legal de prisión no se medirá de acuerdo al calendario, sino con los plazos que determinen los documentos legales.
Según el Congreso, si se comprueba que el reo no fue sentenciado por inasistencia de los  imputados, testigos, peritos, intérpretes o abogados defensores, se suspenderá la fijación de los plazos determinados para la caducidad de la prisión preventiva, hasta que haya otra audiencia.
“Si el reo sale o no ya no lo sabemos, eso lo decidirá cada juezâ€, dijo ayer a este Diario Máximo Pazmiño, director nacional de Rehabilitación Social, quien desde la semana pasada afronta la protesta de los internos de los centros de reclusión por considerar inconstitucionales las medidas adoptadas por el Congreso.
“No permitiremos que menoscaben nuestros derechos humanosâ€, advirtió Gean Carlos Aragundi, presidente de los internos del penal GarcÃa Moreno.
Aragundi anunció que esta semana presentarán una carta de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por intermedio de la DefensorÃa del Pueblo. “Haremos misas campales, encuentros musicales y embanderaremos el penal como señal de protestaâ€.
Gustavo Donoso, director del Consejo Nacional de la Judicatura, cree que dados los vicios que se evidencian en las audiencias de juzgamiento la resolución que tomó el Congreso la semana pasada debió dictarse antes.
“Ahora se juega con tiempos y con números. La ley interpretativa debió publicarse cuando el Tribunal Constitucional tomó la decisión de caducar la prisión en firmeâ€, aseguró Donoso.
Según Primo DÃaz, presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, desde hoy la revisión de los casos debe hacerse minuciosamente, pues hay que diferenciar las causas por las cuales los juicios no han avanzado.   “Si la demora en el juzgamiento no es responsabilidad de la administración de justicia, ese tiempo no se cuenta para efecto de la caducidad de la prisión â€, dijo DÃaz.
Para los casos en que los responsables de las demoras sà sean los administradores de justicia, el Congreso fijó sanciones con penas y multas. Además, la inasistencia de fiscales y jueces puede ser causal de su destitución.
Para la presidenta del Tribunal Primero de lo Penal de ManabÃ, Gina Vélez, la disposición del Congreso no es un trabajo adicional para los jueces. “Todas las audiencias están bien documentadas. No se trata de hacer un inventario ahora. Estamos al dÃa y sabemos, por ejemplo, que aquà no hay casos de reos que se puedan acoger a la libertadâ€.
Pero Demetrio Allo, jefe de guÃas de la PenitenciarÃa, es testigo de suspensiones diarias de juzgamientos. “Si no es por falta de reclusos es por falta de defensores, fiscales o testigosâ€. Ayer, 22 internos acudieron al Palacio de Justicia para sus audiencias, pero solo siete de ellos fueron juzgados.
 Defensores aún no intervienen
Los 200 defensores públicos contratados por el Gobierno para agilitar los procesos judiciales de los presos sin sentencia todavÃa no tramitan ningún juicio.
Los profesionales de 10 estudios jurÃdicos fueron contratados para trabajar en Guayaquil el 21 de septiembre pasado, pero hasta ahora no se ven resultados.
Walter Jaramillo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, explicó que en este tiempo solo se han hecho reuniones de coordinación con los responsables de la contratación, más no con los internos. “Conversamos con Ernesto Pazmiño (director de la Unidad Transitoria de Gestión de la DefensorÃa Pública) para finiquitar los mecanismos de cómo va a ser el proyecto y todas esas cosasâ€.
Pazmiño asegura que sà se ha trabajado: “Los abogados están recolectando la información. Recordemos que son más de
6 000 casos y se priorizarán a los internos con enfermedades terminales, ancianos, extranjeros…â€.
El lunes de la próxima semana se sortearán los juicios; el lunes, para los presos de Quito y  el martes, para los de Guayaquil.
Fuente Diario El Comercio.
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