Ecuador deberá pagar cerca de medio millón de dólares como indemnización a los afectados del caso Chaparro Ãlvarez y Lapo Ãñiguez.
Asà lo estableció recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de analizar la demanda presentada en contra del Estado ecuatoriano por el chileno Juan Carlos Chaparro y el ecuatoriano Freddy Lapo Ãñiguez.
Los dos fueron implicados en noviembre de 1997 en el operativo antinarcótico “Riveraâ€, realizado en el aeropuerto de Guayaquil, en el cual se detectó un cargamento de pescado contaminado con clorhidrato de cocaÃna y heroÃna. La carga estaba en cajas térmicas o hieleras similares a las que elaboraba la fábrica Plumavit, de la cual Chaparro era su propietario, y Lapo su gerente.
Por esa situación, las autoridades los consideraron sospechosos de pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de narcóticos. El informe indica que fueron detenidos sin que haya flagrancia en el delito y sin tener la orden de un juez.
Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y permanecieron incomunicados por cinco dÃas. Además, sobrepasaron el tiempo legal de la detención para investigación y tardaron mucho tiempo para presentarse ante un juez. Permanecieron en prisión más de un año.
El reporte señala que los peritajes determinaron que la fábrica Plumavit no habÃa elaborado las hieleras incautadas y no existió prueba que los incriminara en el delito.
Pese a ello, la fábrica Plumavit fue restituÃda a su dueño cinco años después de haber sido incautada. El vehÃculo que le incautaron a Lapo hasta la fecha no ha sido devuelto. Además, todavÃa existirÃan los registros penales de las vÃctimas.
Por todo ello, la CIDH consideró que se violaron la integridad personal, las garantÃas judiciales, el derecho a la propiedad privada, entre otros derechos constitucionales. Por lo cual dictaminó que se los indemnice como reparación a esos daños. Chaparro debe recibir aproximadamente 355 000 dólares y Lapo 92 000 dólares. Además Chaparro y el Estado ecuatoriano deberán someterse a un proceso arbitral para fijar las cantidades por la compensación de daño material.
Fuente Diario El Comercio.
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