El Gobierno hará su denuncia en FiscalÃa, ContralorÃa y el SRI para investigaciones.
El Gobierno pedirá hoy a la FiscalÃa General que investigue a 18 diputados del bloque de la Dignidad Nacional y de SP por los delitos de presunto enriquecimiento ilÃcito, testaferrismo y chantaje al presidente de la República, Rafael Correa.
Estos 18 legisladores fueron nombrados el sábado pasado por el Mandatario durante la cadena radial que se efectuó en Cañar, en la que afirmó que le solicitaron cargos públicos a cambio de su voto a favor de la Ley de Justicia Financiera (ley para regular el costo máximo del crédito bancario) y para censurar al superintendente de Bancos, Alfredo Vergara.
Correa anunció que hoy presentará la denuncia y las respectivas pruebas –a la FiscalÃa– de la presunta irregularidad, pues dijo que el legislador César Alonzo (ex SP) no se dio cuenta de que solicitó cargos a un capitán de la PolicÃa con el que se reunió a nombre del Gobierno y no a un asesor presidencial.
Hasta ayer, el grupo de asesores de la Presidencia de la República analizaba los términos y el alcance de la demanda que hoy se entregará al fiscal general de la Nación, Jorge German, y en la que se solicitará la investigación de los diputados.
Paralelamente, la denuncia se ampliará a los organismos de control. Una copia se dirigirá a la ContralorÃa y otra al Servicio de Rentas Internas (SRI).
En el primer caso se solicitará al contralor, Carlos Pólit, que revise la declaración juramentada de bienes que los legisladores presentaron al inicio de su gestión con el patrimonio que ahora tienen. Ello para determinar si existió un presunto enriquecimiento ilÃcito.
En el informe se pone el ejemplo de legisladores que al principio, cuando iniciaron la gestión, llegaban hasta la sede del Congreso, Quito, en buses interprovinciales y ahora lo hacen en carros 4×4 del año.
La copia al SRI tiene como propósito revisar el pago de impuestos de los legisladores y además justificar el monto de sus ingresos en los cuatro meses de gestión parlamentaria.
No se descarta que con esta acción, según los asesores, se pueda descubrir un supuesto delito de testaferrismo (manejo de bienes a través de terceras personas), en el caso de que sus allegados posean bienes que antes no pudieron adquirir.
Con ello se intentará determinar si existió o no una compra de conciencias en el Congreso por parte del sector de la banca para salvar al superintendente de Bancos, quien fue interpelado la semana pasada; y además para no respaldar la Ley de Justicia Financiera, propuesta por el Ejecutivo.
Fuente Diario El Universo.
Add