En todo el paÃs solo hay 31 abogados gratuitos para atender las causas.
A pesar de que la Constitución de la República establece que “nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimientoâ€, en la práctica la disposición no se cumple.
Mayra Tupiza, de 23 años, es una de las 502 internas de la cárcel El Inca, al norte de Quito, que aún no tiene sentencia.
Ella fue detenida el 21 de noviembre del 2005, acusada de sustraerse una caja fuerte del departamento donde trabajaba como empleada doméstica.
Sus escasos recursos no le permiten contratar a un abogado desde hace un año y siete meses, lo que incide en la suspensión de sus audiencias.
“Mi familia tampoco tiene para pagar a alguien que me defienda y entonces, debo resignarme a estar encerrada sin recibir un proceso justoâ€, manifiesta la mujer.
No contar con un defensor es uno de los factores que originan la falta de celeridad en los procesos legales por parte de la Función Judicial.
Este es uno de los problemas que intenta resolver el decreto de emergencia carcelaria emitido el fin de semana pasado por el Gobierno.
En él se prevé impulsar temporalmente el servicio de DefensorÃa Pública hasta que el Congreso Nacional expida la Ley Orgánica.
Bajo esta medida se contratarán nuevos abogados (aún no se definen cuántos) y se instalarán diez juzgados penales que tendrán como misión agilizar los procesos de los 11.000 internos sin sentencia.
Según el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, se prevé firmar convenios con los colegios de profesionales, las clÃnicas jurÃdicas de las Universidades y Organizaciones No Gubernamentales que presten atención en servicio legal.
La directora del Fondo Justicia y Sociedad de Fundación Esquel, Patricia Esquetini, considera que la implementación de la ley es necesaria porque agiliza los procesos, mejora la calidad de la justicia y principalmente, permite que los internos de las cárceles tengan una defensa, con lo cual se reducirÃa el hacinamiento.
OBJETIVO
La DefensorÃa Pública persigue el propósito de dotar de asesorÃa jurÃdica a quienes no pueden pagar por ella.
De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Esquel, en el paÃs hay solo 31 defensores públicos que no alcanzan a cubrir la demanda de los procesos legales. Por ejemplo, Guayas y Pichincha cuentan con cuatro defensores cada uno, mientras que Cuenca tiene solo uno.
A esto se suma el que estos abogados estén únicamente en las capitales de provincia y no lleguen a las zonas rurales. En tanto, Napo y Morona Santiago no poseen defensores.
Los 31 defensores atienden casos de todas las materias, aunque la penal es el área en la que más se ocupan.
Según aproximaciones realizadas por los propios funcionarios, el 70% de las causas que ingresan en Quito y Cuenca son penales, en Guayaquil esta cifra alcanza el 80%.
La incidencia de la materia penal se explica especialmente por la designación de oficio de los defensores públicos.
De ahà que Esquetini pide crear una institución con autonomÃa para atender los múltiples casos que hay. Mientras, el gobierno del presidente Rafael Correa ofrece aprobar la ley a finales de año.
Cifras
160.236
Denuncias Es la cifra registrada en el 2004 en las fiscalÃas del paÃs.
16,6%
Casos. Es el porcentaje en el que se presentó algún testigo en Guayaquil.
Detalles
Veto
El gobierno de Alfredo Palacio vetó totalmente la Ley de DefensorÃa Pública. Para volverla a analizar se requerirá de al menos un año. El plazo vence en noviembre.
Otros paÃses
A más de Honduras, Ecuador es el segundo paÃs que no tiene una DefensorÃa Pública.
Propuesta
La Fundación Esquel presentó una propuesta para que el tema sea incluido en la nueva Constitución a través de la Asamblea Constituyente.
Presupuesto
La implementación de la DefensorÃa tendrÃa un costo de $ 13’631.000, que financiarÃa la Función Judicial.
Fuente Diario El Universo.
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