La Unidad de Delitos Flagrantes de la FiscalÃa de Pichincha, que atiende los casos de personas sorprendidas cuando cometen delito flagrante (robo, hurto y otras infracciones), solo ha conseguido la emisión de dos sentencias en los casi cuatro meses de funcionamiento.
Aunque la Unidad ha conocido más de 300 casos y dictado 293 instrucciones fiscales, la renuencia de los jueces para aplicar la oralidad en esta clase de delitos ha impedido conseguir mejores resultados, señala Fabiola Gaona, jefa de Gestión de Calidad de Servicios de la FiscalÃa.
Los ocho fiscales que laboran en esta dependencia, que inició su trabajo el 23 de julio y funciona en la planta baja de las instalaciones de la PolicÃa Judicial (PJ) esperaban un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conseguir mayor cantidad de sentencias en menos tiempo.
Sus pedidos fueron acogidos ayer por el Pleno de la CSJ. En su sesión de ayer los magistrados aprobaron “el mecanismo de audiencia oral de formulación de cargos en los casos de delitos flagrantesâ€.
Con esta resolución, que entrará en vigencia con su publicación en el Registro Oficial, los jueces penales del paÃs tendrán que acoplarse al sistema de la Unidad de Delitos Flagrantes.
Pero los jueces, al menos en el caso de Pichincha, tienen temor de hacerlo por considerar que este sistema es para la parte preprocesal y al hacerlo estarÃan actuando en contra de los artÃculos 19 y 26 del Código de Procedimiento Penal que señala que toda causa penal debe ser ingresada mediante el sorteo de ley. Para analizar el tema, los jueces se reunirán hoy, a las 08:00.
Uno de los objetivos que dio origen a la Unidad fue reducir el hacinamiento de las cárceles a través de la aplicación ágil del sistema de justicia.
A los jueces, fiscales, policÃas, defensor, médico legista, psicólogo y otros funcionarios que forman parte de la entidad, el lunes se sumó una comisarÃa. Ella atenderá las contravenciones (robos de celulares, pérdidas de documentos y otros) para descongestionar el trabajo.
El sistema que se implantó en Pichincha fue adaptado del plan piloto que se aplica en la ciudad de Cuenca para los delitos flagrantes en donde no existen presos sin sentencia.
La idea de la FiscalÃa es integrar a todos los actores del sistema de justicia en un mismo espacio y con sus funciones bien determinadas para conseguir la eficaz aplicación del sistema oral.
Pero, la Unidad de Flagrantes no se conforma con haber conseguido la resolución de la Corte sobre el tema. Ahora busca la incorporación de un tribunal penal para que sentencie los casos.
Además, quiere más defensores públicos para los detenidos en delitos flagrantes. Para ello solicitó a la DefensorÃa de la Presidencia que asigne 34 defensores públicos a fin de garantizar el debido proceso a los encausados.
Al parecer el requerimiento será acogido. Ernesto Pazmiño, director de la DefensorÃa de la Presidencia, señaló que al momento se busca a los juristas que participen del proyecto. (MCV).
Fuente Diario Expreso.
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