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Correa desafía al Tribunal de Pichincha.

El presidente Rafael Correa lanzó el guante y el Tribunal Electoral de Pichincha (TEP) lo recogió.

En efecto, el reclamo que hace algunas semanas le hizo el organismo provincial a Correa por supuestamente intervenir en el proceso electoral, apareciendo en la publicidad de la lista 35, mereció una respuesta desde la Presidencia de la República en tono de desafío. Correa, en una carta enviada el viernes por la tarde  al presidente de TEP, Fernando del Pozo, desafía a los vocales del TEP a comprobar aquello que le habían reclamado: su participación en la publicidad y los impedimentos legales para su afirmación.

7 vocales
del Tribunal Electoral de Pichincha redactaron una carta al Presidente

“De no fundamentar lo pedido, usted y los vocales del su Tribunal estarían siguiendo las consignas de la partidocracia  corrupta que ha destruido al país y que intenta por todos los medios a su alcance, una vez más, vulnerar la democracia y utilizar testaferros para el cumplimiento de sus fines”, dice el presidente Correa en su carta.

Ayer, el TEP respondió a Correa con otra carta en la cual se  insiste en  los criterios que le llevaron a  hacer el reclamo.

Los vocales del organismo siguen convencidos de que, según el artículo 21 de la Ley de Gasto Electoral, un funcionario público que participe en campaña  es  sancionado con la destitución del cargo  o la revocatoria del mandato.

El presidente del organismo, Fernando del Pozo (PSP), conversó con este Diario (ver entrevista) sobre este tema  mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene su posición de no sancionar al presidente.

La reacción del TEP  -que fue respaldada por unanimidad- se produjo ayer en respuesta a una carta  remitida por Correa el viernes último y en la cual, además, Correa solicitaba a los vocales que demuestren el fundamento legal para el pedido público del TEP de suspender la campaña a favor de los candidatos de su lista.

En la primera carta del Tribunal, los siete vocales decían  que “el proceso eleccionario, ha demostrado vicios de procedimiento que contrarían sus iniciales determinaciones y que hoy se expresan en una evidente desigualdad de oportunidades para los sujetos políticos en la cual usted   tiene evidentes responsabilidades”.

Ayer, los mismos siete vocales del TEP suscribieron una carta de respuesta en la cual argumentan que el artículo 18 del estatuto para la asamblea constituyente establece que el Estado financiará la campaña publicitaria en prensa escrita, radio y televisión y vallas de cada uno de las listas.

El estatuto, dice el documento del TEP enviado a Correa, ha sido “cumplido a cabalidad, lo que implica que la publicidad en la que usted  se presenta endosando su imagen a los candidatos de la lista 35 es financiada con dineros públicos”.

En su carta, el TEP señala que el artículo 21 de la Ley antes citada prohíbe a todo organismo o entidad pública, funcionario, empleado o servidor público la utilización de los recursos y bienes públicos, al igual que promocionar sus nombres o partidos en las obras o proyectos a su cargo.

Por lo tanto, dice la misiva, la propaganda electoral está prevista para los candidatos y candidatas a la asamblea y no para que en ella aparezcan funcionarios del Estado, como es Correa.

La vicepresidenta del organismo, Isabel Proaño (UDC), leyó la respuesta y explicó los alcances legales de las leyes citadas.

La estabilidad del TEP depende de la voluntad del Tribunal Supremo Electoral.

La semana pasado, el Tribunal Supremo suspendió una sanción al partido de Gobierno por supuestas irregularidades en la campaña. También dijo que no había impedimentos legales para la participación de Correa.

Fuente Diario El Comercio.


Author: Diseño Web Ecuador