El Congreso Nacional aprobó ayer, en primer debate, el proyecto de Ley Interpretativa al artÃculo 169 del Código de Procedimiento Penal.
El proyecto dispone que en los casos en los que no se haya realizado la audiencia de juzgamiento por inasistencia de los acusados, testigos, peritos, intérpretes o los abogados defensores se suspenderán los plazos. En otras palabras, si las audiencias fallan por causas que no son imputables a la administración de justicia sino a las dilatorias legales, los plazos para que caduque la prisión preventiva quedan suspendidos.
El proponente Carlos González (ID) explicó que el objetivo es evitar que los reos y sus abogados retarden los procesos e impidan que se realicen las audiencias de juzgamiento para salir libres cuando se cumpla el plazo de un año sin sentencia en los delitos sancionados con reclusión y de seis meses en los delitos sancionados con prisión.
Añadió que no se puede permitir que salgan libres delincuentes acusados de narcotráfico, asesinatos y otros delitos graves.
El artÃculo final del proyecto determina que los efectos de la Ley Interpretativa se aplican desde la vigencia de la norma jurÃdica interpretada. O sea, desde 2001, cuando entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. Es decir tendrÃa el carácter retroactivo.
Andrés Paéz (ID) agregó que el objetivo de la disposición legal es que ningún preso que no haya acudido a la audiencia de juzgamiento, por argucias dilatorias de los abogados o de los jueces, pueda quedar libre sobre la base de la disposición del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó la detención en firme.
Patricio Pazmiño, presidente del TC, defendió esta disposición. Según dijo, con ella se tiende a proteger los derechos fundamentales de las personas, ya que era obligación del Congreso adecuar la legislación a esta disposición, para lo cual tuvo más de un año.
Tania Massón (MPD), presidenta de la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso, encargada de tramitar el proyecto, dijo que el informe para segundo debate se despachará a la brevedad posible. El proyecto serÃa aprobado el 23 de octubre, justo el dÃa en que podrÃan salir unos 750 presos.
Por su parte, el Gobierno envió un proyecto de ley para reforzar la propuesta de Carlos González. El Régimen plantea incorporar un inciso en el artÃculo 169 del Código de Procedimiento Penal, el cual determine que los plazos de caducidad de la prisión preventiva quedarán interrumpidos cuando las audiencias de juzgamiento o preliminares se declaren fallidas por causas imputables al acusado, sus defensores, los testigos o peritos.
De su lado, la FiscalÃa de la Nación anunció que una de las estrategias es reabrir las instrucciones fiscales en contra de los presos sin sentencia considerados de alta peligrosidad para evitar que obtengan su libertad. (MA)
Universidades aportan con mayorÃa de abogados
Los defensores esperan depurar al menos 1 000 causas hasta enero próximo
Los 192 abogados que defenderán a los presos sin sentencia desde el lunes provienen de 17 centros legales (bufetes, fundaciones, universidades, entre otros). Ellos fueron escogidos luego en un concurso público. Del total de abogados, 112 trabajarán en Guayaquil y 80 en Quito.
La Direccción Nacional de la DefensorÃa Pública está seleccionando y priorizando los casos que se tratarán, según dijo su director, Ernesto Pazmiño.
Lo que es seguro es que tendrán prioridad los presos de la tercera edad y los enfermos terminales. El resto será categorizado según la edad de los reos, las fechas en que fueron detenidos, la etapa en que se encuentran sus procesos y el tipo de delito cometido, explicó.
El lunes 15 se procederá a entregar el listado de las causas y su posterior sorteo para procesar los casos de quienes atentaron contra la propiedad. No se incluirá en una primera instancia a los presos de alta peligrosidad. (AIV)
Problema nace en los tribunales
Según Ernesto Pazmiño, director nacional de los defensores públicos, el origen del caos penitenciario son los tribunales penales. “En los juzgados no hay más de 40 causas”, sostuvo.
Para Pazmiño hay que generar cinco juzgados más en Guayaquil y cuatro en Quito. “No se necesitan más de $120 mil”, en lugar de los $200 millones que pide el presidente de la Corte Suprema, afirmó. (AIV)
Solórzano quiere nuevas instrucciones fiscales
Esta la reacción del fiscal del Guayas por la libertad de los presos sin sentencia
Jorge Solórzano, fiscal Cuarto de Antinarcóticos del Guayas, dijo que iniciará nuevas instrucciones fiscales en los casos “Tsunami”, “Ludemarâ€, “Huracán Azulâ€, “Tormenta del PacÃficoâ€, entre otros. El anuncio surge tras la denuncia que hizo la PolicÃa de Guayas por la salida de unos 200 detenidos que están involucrados en casos de narcotráfico y que fueron detenidos durante esos operativos.
Según los cálculos policiales, a partir del 23 de octubre saldrÃan 77 detenidos; en noviembre, 112, y en diciembre, 42.
De acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la detención en firme, los reos acusados por delitos que se sancionan con reclusión pueden dejar los centros desde la tercera semana de este mes. (CHM)
Fuente Diario Hoy.
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