La mayorÃa legislativa oficialista estudia la posibilidad de aprobar un alcance a la resolución mediante la cual se destituyó a los vocales del Tribunal Constitucional (TC).
La razón: existe una confusión por haber incluido el texto de que los “vocales del TC a partir de enero del 2007 cesan en sus funciones, por haber terminado su periodo para el cual fueron elegidosâ€.
Esa frase creó un vacÃo jurÃdico, según los legisladores Santiago Guarderas (RED) y Clemente Vásquez (PSC), ya que se aclara que a partir de enero del 2007 está concluido su periodo, por lo tanto, desde febrero dejaron de ser vocales del TC, y todos los fallos que se emitieron desde esa fecha no tienen validez –incluso el que dio a favor del presidente de la República, Rafael Correa, respecto a la ley orgánica de Servicio Exterior–, porque perdieron la facultad para administrar justicia constitucional.
De su parte, los 24 diputados destituidos, ahora acusados de abrogación de funciones no tenÃan la calidad de legisladores en el momento en que el bloque de la Dignidad Nacional los demandó ante el Fiscal.
Esa es la respuesta que prepara el departamento jurÃdico del Congreso Nacional ante el pedido que hizo la jueza 18º de lo Penal de Pichincha, Elsa Sánchez de Melo, que el Parlamento certifique si los 24 acusados son o no diputados activos.
La petición de la jueza pasó a ese departamento y la respuesta se dio anoche, afirmó el presidente del Congreso (e), Miguel Castro (DN), quien agregó que recién hoy se harán públicos los términos de la misma.
Ayer, el parlamentario Santiago Guarderas (RED) precisó que en el momento en que se interpuso la demanda por un sector de legisladores, los acusados no eran diputados porque estaba en vigencia la resolución del 7 y 28 de marzo del Tribunal Supremo Electoral sobre la destitución.
Fuente Diario El Universo.
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