Aug 12
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Comerciante de carne de tiburón acusó a O’Hearn.

El decreto presidencial que autoriza la comercialización y exportación de aletas de tiburón en el país motivó una confrontación entre dirigentes y comerciantes pesqueros, especialmente de Manta (Manabí), con ambientalistas.

Alcira Puentes, ciudadana colombiana que posee una empacadora de pescado y exporta carne de tiburón, fue quien denunció la participación del ambientalista Sean O’Hearn, en los operativos de decomiso de aletas de tiburón la semana pasada. En Manta los comerciantes lo han declarado enemigo público.

Alcira Puentes Sánchez, ciudadana colombiana residente en Manta desde el 5 de abril de 1996, fue clave en la orden que dio, hace una semana, el presidente Rafael Correa para la deportación del ambientalista estadounidense Sean O’Hearn, director en Ecuador de Sea Shepherd, entidad que defiende las ballenas, tiburones y otras especies marinas en peligro.

El anuncio de la expulsión, que quedó sin efecto luego de varias horas por disposición del propio Presidente, provocó quejas de ambientalistas y hasta de funcionarios de la Embajada estadounidense, mientras en el sector de comerciantes pesqueros de Manta causó regocijo. Incluso en una marcha realizada el pasado jueves en respaldo al Decreto 486, emitido por Correa para permitir la venta y exportación de aletas de tiburón, el principal cartel de los protestantes, la mayoría comerciantes, calificaba a O’Hearn como terrorista ambiental y lo declaraba enemigo del sector pesquero.

Puentes es una empresaria reconocida e influyente en Manta. Es dueña de la empacadora de pescado Alpusa S.A., que funciona a pocos metros del edificio de la Policía de Tránsito, en la vía al aeropuerto y donde también se procesa carne de tiburón para enviarla a ciudades de la Sierra y a Colombia. El año pasado comercializó 75.600 kilos de carne de tiburón; en lo que va del 2007 ha vendido 45.760 kilos, dice.

Ella denunció, el miércoles 1 de agosto, ante el gobernador de Manabí, Vicente Véliz, que O’Hearn supuestamente dirigió el allanamiento de tres casas en un operativo donde la Fiscalía y la Policía incautaron 9.600 aletas de tiburón y detuvieron por pocas horas a catorce personas, entre ellas a Puentes. Véliz comunicó la queja al Primer Mandatario y este, en la cadena radial del 4 de agosto, anunció que dispuso la expulsión del ambientalista.

El operativo en mención se realizó desde las 17:00 del martes 31 de julio. Por pedido de la Unidad de Policía Ambiental, el fiscal Andrés Mero solicitó al juez 11º de lo Penal de Manabí, Roger Pico, la autorización para allanar tres viviendas donde supuestamente se almacenaban aletas de tiburón. En la acción judicial participaron miembros de la Policía Ambiental de Guayaquil, de la Policía de Manta, del GOE y GIR.

Al actuar, en una residencia alquilada por Abraham Macías, en la ciudadela La Pradera las fuerzas del orden detuvieron a seis personas, incluida Puentes. Allí se localizaron dos frigoríficos llenos de aletas de tiburón y planchas de madera con alambres donde pendían más aletas.
Puentes señala que su detención fue un abuso. Ella supo del operativo y acudió, según afirma, a decirle al fiscal Mero que estaba cometiendo un error, pues ya estaba vigente el Decreto 486 en el que se legaliza la venta y exportación de las aletas.

Este se había publicado en el Registro Oficial el lunes 30 de julio. A las 12:24 del 31, día del allanamiento, un “contacto” de Quito envió por fax un ejemplar a Puentes, quien empezó a hacer circular copias entre dirigentes y comerciantes de Manta. “Lo único que hice, al enterarme del allanamiento, fue ir a presentar el decreto. El fiscal se quedó quieto, pero el gringo (O’Hearn) dijo que me apresaran, que yo era la cabecilla.
Por eso mi indignación y reclamé; cómo puede un extranjero venir a abusar”, señala Puentes, quien niega ser negociante de aletas.

Al ser detenida, Puentes indica que había pedido apoyo de la Cámara de Comercio de Manta, presidida por Lucía Fernández de Genna, quien además es presidenta de Autoridad Portuaria. Comunicó también a Frank Alvia, presidente de la Unión de Organizaciones Pesqueras de Manabí. Este último solicitó la intervención de Trajano Andrade, ex ministro de Obras Públicas y candidato a asambleísta por el gobiernista Acuerdo País, y logró la presencia del gobernador Véliz.

Entonces hubo presiones, según el parte policial suscrito por el teniente Paco Chávez Paspuel y el Subte. Christian Rivadeneira, oficiales de Medio Ambiente, y el Subte. Édison Ramos Bermeo, del GAO de Manta.

El teniente Chávez, a cargo del operativo, “recibió una llamada en su celular del comandante de Policía de Manabí, Fernando Guerrero Solano, quien le dispuso de forma verbal que inmediatamente abandonara la gestión y dejara sin efecto lo actuado, impidiendo las investigaciones a cada uno de los ciudadanos detenidos”, dice el parte.

El documento policial detalla que Guerrero, Andrade y el gobernador Véliz hablaron con Puentes y, “en conjunto, tomaron contacto con el fiscal Andrés Mero, a quien presionaron para que todo conforme a derecho sea omitido bajo amenaza”. Afuera del cuartel de la Policía, adonde se llevó la evidencia y a los detenidos, se concentraron decenas de personas que criticaban la labor policial e incluso habían lanzado piedras al vehículo de un canal de TV nacional.

Así, luego de pocas horas, los catorce ciudadanos salieron libres y las aletas pasaron, por decisión del fiscal, a custodia de Jorge Chiriboga, comerciante pesquero que estos días promueve marchas en Manta para defender el Decreto 486.

Pero el fiscal Mero asegura que no se dejó presionar. No da detalles del proceso, pues argumenta que es reservado por estar en etapa de indagación, ni las razones por las que dio marcha atrás en la requisa.
“Todo está enmarcado en la ley y no se puede mostrar la evidencia”, indica. Eso sí, aclara que Sean O’Hearn no dirigió los allanamientos. “Es al fiscal a quien corresponde y yo dirigí el operativo”, agrega.

Mientras, en declaraciones a varios medios, el candidato de Acuerdo País, Trajano Andrade, explicó que su participación fue como abogado en libre ejercicio. Eso lo ratifica Alcira Puentes, quien reconoce que “el abogado siempre nos ha apoyado
Fuente Diario El Universo.


Author: Diseño Web Ecuador