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Los servicios tienen nuevas tarifas que entrarán en vigencia cuando se publiquen en el R.O.

Tras casi una década, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reguló el cobro de los servicios de registro, cuyas tarifas eran impuestas sin control por los notarios del país.

Pese a las críticas por la decisión del CNJ, los 440 notarios acatarán los nuevos aranceles, que en los próximos días entrarán en vigencia con su publicación en el Registro Oficial.

El CNJ sustentó su decisión en la necesidad de regular las tarifas, cuya tabla no había sido modificada desde hace ocho años (desde 13 agosto de 1999 y que constaba en sucres), por lo que los notarios imponían sus propias tarifas.

Según el CNJ, en el país existen 440 notarios, de los cuales 7 fueron designados en los últimos meses del 2005 y 29 entre el 2000 y el 2004.

Los restantes 404 fueron nombrados directamente por las cortes superiores entre agosto y septiembre de 1998.

Datos del Consejo Nacional de la Judicatura indican que Pichincha y Guayas son las provincias con más alto número de notarios. En la primera hay 51 y en la segunda 71.

Según el presidente de la Federación de Notarios, Jorge Machado, las nuevas tablas, que serán acatadas por los miembros de su gremio, son discriminatorias en relación con los costos que por servicios casi similares prestan los registradores de la Propiedad.

Como ejemplo, Machado indicó que en una notaría por la elaboración de una escritura de una cuantía de $ 1.000 se cobra alrededor de $ 30; mientras, los registros de la Propiedad están autorizados por el CNJ a cobrar $ 74 para inscribir ese documento.

Por ello, indicó, los notarios de los cantones y ciudades pequeñas del país, que trabajan sobre cuantías bajas, serán los perjudicados con los nuevos aranceles.

El número de los registros de la Propiedad (uno en cada provincia y en los cantones con alta densidad poblacional), sostiene Machado, es menor al de las notarías, pero se manejan como monopolios y mantienen una tabla de aranceles, aprobada por el CNJ, con valores mucho más elevados.

También se mostró opuesto a las intenciones del mandatario Rafael Correa, de proponer a la Asamblea Constituyente, que se instalará el 30 de octubre, que apruebe una norma que convierta a los notarios en funcionarios públicos.

El control del Estado para esas dependencias, según Machado, determinará la lentitud en el funcionamiento de las notarías, pues hasta el momento los usuarios no se han quejado por este tipo de fallas.

Este criterio fue respaldado por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Víctor Hugo Cevallos, quien considera que no es conveniente que las notarías dependan de la Función Judicial, ya que no tiene los  recursos para estos servicios.

DETALLES: Denuncias

CNJ
Según denuncias de un ex vocal del Consejo de la Judicatura, nombrado por la Corte del 97, el fallecido registrador de la Propiedad de Quito, Telmo Andrade, ganaba $ 250 mil anuales líquidos.

CSJ
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mauro Terán, afirmó en enero que “los sueldos de los jueces de la Corte son una quinta o décima parte de lo que perciben los registradores de la Propiedad y notarios”.

TEXTUAL: Lo que se dijo

Víctor Hugo Cevallos
Presidente del Colegio de Abogados del Pichincha
“También se deberían regular los costos exagerados que cobran los Registros de la Propiedad”.

Fuente Diario El Universo.