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En una olla de aluminio tiznada de hollín, por el humo negro que despide su vieja cocineta a gas, Marcela Villalva prepara una sopa con queso y arroz blanco para sus seis hijos, de entre 12 y 2 años. “¡Ya comimos eso ayer!”, revela enfadado Juan, el penúltimo de los niños.

Con una mirada de pesar, la madre observa al menor y, tras un profundo suspiro, le replica que debe conformarse porque no hay para más. La explicación, dice Marcela, se repite casi a diario. “Los 40 dólares que mensualmente me pasa el padre de mis hijos no me alcanzan para prepararles algo mejor”, manifiesta al comentar que debe hacerle una “cruz” al dinero que, desde el año pasado en que se separó de su marido, recibe para la alimentación, vestuario, educación y tratamiento de eventuales enfermedades de los chicos.

Como Marcela, cientos de mujeres que han decidido divorciarse o separarse de su pareja y entablar una demanda legal, se sienten abrumadas por la manutención de sus hijos, con lo que consideran “irrisorias” pensiones que por disposición judicial reciben del padre de sus vástagos, lo que se empeora cuando ellas no tienen un ingreso extra. De acuerdo a estadísticas del Centro de Cómputo del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en los cinco primeros meses del 2007 se han presentado 2.753 demandas de alimentos. 301 más que las registradas en el mismo período del 2006, de un total de 6.056, que se presentaron en ese año. Freddy Velásquez Núñez, director de los defensores públicos externos del CNJ, cuya oficina está ubicada en el mezanine de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (CSJ-G), dice que por ley el monto de una pensión alimentaria debe fijarse de acuerdo al sueldo e ingresos que tenga el demandado. No obstante, advierte que por disposición de la Judicatura no debe ser inferior a los 40 dólares.

Velásquez manifiesta que para lograr, en algunos casos, lo que califica como una “miseria”, las madres tienen que esperar meses para que el padre de sus hijos fije alguna pensión para la manutención de ellos. Según asegura, el 60% de las 930 causas por alimentos que llevan entre los 14 abogados que colaboran en el área (entre enero, en que se creó, al 1 de junio de este año) presentan problemas que retardan el trámite y con ello la angustia y zozobra para alimentar a un niño. “Nuestras causas se entrampan porque los jueces más de una vez mandan a completar las direcciones porque los citadores no dan… o el padre se cambia de domicilio y no se conoce el actual”, dice Velásquez. La angustia se refleja en los primeros días de cada mes, afuera de la pagaduría de los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Guayas, ubicada en el piso bajo de la CSJ-G, adonde se agolpan cientos de madres para cobrar la pensión alimentaria de sus hijos. Según Tatiana Centeno, coordinadora del área, en enero de este año, 1.269 mujeres se acercaron a las cinco ventanillas de la pagaduría, para cobrar el dinero consignado por un total de 1.379 hombres demandados. En mayo, la cifra aumentó. De 1.526 padres que se acercaron a pagar, 1.437 mujeres acudieron para cobrar. Centeno manifiesta que en los primeros días de cada mes se atienden entre 200 a 300 personas, por cuanto el pago de las pensiones se fijan normalmente en ese período. “En la mañana ellos pagan y en la tarde ellas cobran”, explica la funcionaria. Se espera, añade, que el flujo se reduzca dentro de un mes, cuando se inicien los pagos y cobros a través del Banco Guayaquil, como parte de un convenio firmado con el CNJ. El acuerdo beneficiará en principio a las causas que se llevan en los juzgados sexto y séptimo de la Niñez, que pronto estará enlazada con la institución bancaria.
Fuente Diario Expreso.