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Marcelo Velásquez es un empleado que acumula 30 años de servicio en la Función Legislativa. Con tono lacónico, advierte que “si me sacan del Congreso, no habrá pan en mi mesa”.

“Realmente no sé qué hacer, porque desde que salí del colegio, como bachiller-contador, ingresé aquí, donde se me ha ido la vida entera”, dice con la tristeza empozada en sus ojos.

Velásquez tiene dos hijos aún en etapa colegial, y su esposa no trabaja. “Me preocupa porque en este país no dan trabajo, ni para limpiar pisos, a las personas que pasamos los 50 años”.

En años anteriores, a esta altura, había un ambiente festivo en el Congreso; las oficinas estaban iluminadas con luces navideñas y nacimientos, mientras los empleados organizaban el campeonato de cuarenta por las fiestas de Quito.

“Ahora nadie quiere saber nada”, dice César Sánchez, con la mirada fija en el tarjetero de empleados con nombramiento. Sánchez camina con muletas, porque fue víctima de la poliomielitis en su niñez. Es asistente administrativo desde hace ocho años.

“Recién en diciembre de 2006, tras andar de piso en piso, hablando con el perro y el gato, me dieron el nombramiento… y para nada”, señala.

Desde el 30 de septiembre, cuando Acuerdo PAIS arrasó en las elecciones para la Asamblea y se habló de la disolución del Congreso, Sánchez vive una pesadilla. “Tengo que tomar pastillas para dormir, sufro estrés y he caído en depresión”, afirma.
No es para menos. Su sueldo, que llega a $ 600, “con muertos y heridos”, es el único ingreso para el arriendo, la comida y el sostén de su mujer y sus tres hijas menores de edad.

“Mi mujer se pone a llorar en las madrugadas cuando me siente dar vueltas y vueltas en la cama, porque es injusto que me quede sin trabajo después de haberlo conseguido venciendo tantas adversidades. Usted comprenderá, no es fácil que a una persona con discapacidad se le abran las puertas”, agrega.

“Y lo más grave es que con la carta de presentación del Congreso no nos recibirán en ningún lado, con el desprestigio que nos dieron”, agrega su compañera Amparo Noboa, quien trabaja en el Congreso desde hace 26 años. Ella ingresó “muy joven” al departamento financiero del Parlamento.

Ahí conoció a su esposo William Morales, quien ingresó al Congreso cuatro años después y ahora lleva 22 años de servicio.

“Mi temor es por la educación de mis hijos”, dice Noboa. Dos de ellos estudian en universidades privadas y, si el hogar no tiene ingresos, se quedarían sin carrera. En las noches, cuando no concilian el sueño, Amparo y su esposo se ponen a pensar en alternativas, pero no hay una que valga la pena. La Asamblea les ha roto hasta los sueños.

La coyuntura también le preocupa a Rothaman Valdospinos, quien llegó al Congreso el 13 de agosto de 1979, a pedir un pase para asistir a las barras bajas. No entró, pero se quedó trabajando hasta hoy. Fue secretario de Otto Arosemena Gómez en las 17 comisiones que presidió. Ahora, 28 años después, cuando ocupa el cargo de coordinador de la Dirección de Servicios Parlamentarios, está a la expectativa de lo que la Asamblea decida sobre el Congreso.

Esa misma incertidumbre invade a los 1.300 empleados legislativos que temen perder sus trabajos. Muy pocos quieren hablar de lo que está ocurriendo y de “dar la cara”, por temor a ser despedidos. De hecho, 1.000 empleados por contrato quedarán fuera en enero. Los 310 empleados con nombramiento tienen la posibilidad de exigir una indemnización, pero eso también es un sueño que al final podría romperse.

Fernando Cordero (PAIS) indicó que una alternativa es que los nombramientos sigan vigentes, y que unos pasen a la Asamblea y otros sean reubicados en entidades públicas, en comisión de servicios. (MAB-IGF)
Fuente Diario Expreso.