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Una mañana a inicios del siglo XX, el entonces presidente Leonidas Plaza Gutiérrez se sorprendió al ver que el popular diario Fray Gerundio -implacable crítico de su Gobierno- no había circulado.

Plaza averiguó qué sucedía y se enteró que el periodista Vicente Nieto, propietario del medio, se había quedado sin papel. De inmediato ordenó que se le envíe el papel que necesitaba.
La anécdota, reseñada en el libro ‘Galo Plaza, ecuatoriano universal’, relata un episodio que retrata la conflictiva relación entre prensa y poder en el Ecuador.

Un siglo más tarde, a propósito de la demanda por desacato del presidente Rafael Correa a diario La Hora, la libertad de expresión está en debate, aunque desde diversas ópticas y enfoques.

Periodistas, comunicólogos, políticos y juristas consultados por este Diario coinciden en que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. La razón: ciudadanos y medios tienen pleno derecho a expresar su pensamiento.

La división de criterios surge cuando se analiza cómo esa libertad de expresión y de prensa convive con el ejercicio del poder.

El periodista Xavier Lasso sostiene que en un marco democrático es preferible que haya “abusos” de la libertad de expresión, antes que sea amenazada por el poder.

Su reflexión parte de un presupuesto: los gobiernos no procesan las críticas de los medios. “No entienden que los medios son un correlato del poder… no se puede perder de vista que el Presidente necesita espacios donde se le pueda contestar”, afirma Lasso.

En la última etapa democrática, hay varias evidencias de una relación tirante entre poder y prensa. Por ejemplo, el ex presidente León Febres Cordero mantuvo permanentes roces con diario Hoy, mientras que Rodrigo Borja cerró Radio Sucre por no comprobar que su hermano Francisco participó en negocios estatales.

Sin embargo, hay quienes dicen que las actuaciones de ciertos medios han rebasado los límites.

Francisco Ordóñez, presidente del Colegio de Periodistas, señala que el límite de la opinión es el buen nombre y la honra ajena. “Es un derecho humano inviolable, pero no podemos confundirlo con la opción de calumniar e insultar (…) a nombre de la opinión no se puede juzgar y acusar”.

Por ello, Ordóñez cree que una demanda judicial está plenamente justificada y no cree que se convierta en un precedente de censura para los medios. “En el debido proceso hay opción a la defensa y me parece que se permite un libre ejercicio de la democracia”.

El sociólogo Hernán Reyes tiene una visión más moderada. Cree que la vía judicial no es la más indicada para fijar los límites. “La libertad de opinar tiene un límite: no incitar a actos que atenten contra el orden público”.

En esa línea, Héctor Espín, titular de la Unión Nacional de Periodistas, indica que los límites deben ser fijados por periodistas y medios. “A los medios no se les puede negar el derecho a opinar y orientar a la ciudadanía, pero también deben saber qué es una opinión y qué una información”.

Bajo ese panorama, Reyes cree que el caso de La Hora revela al menos tres realidades que giran alrededor de Correa y la prensa.

Uno, esta acción legal revela una intención de enviar una advertencia al resto de medios.

Dos, el Gobierno desea visibilizar que muchos medios se creen omnipotentes e intocables.

Tres, el Mandatario tiene el objetivo de ganar réditos políticos a partir del ataque a los medios, a sabiendas de que su nivel de credibilidad ha disminuido.

En efecto, la última encuesta de Cedatos revela que el nivel de confianza de los medios ha caído en seis puntos. En septiembre del 2006 llegó al 58 por ciento y en este mes cayó al 52 por ciento.

Su director, Polibio Córdoba, señala que, en cierta medida, las críticas de Correa han acentuado la percepción de que la prensa no difunde la información con total imparcialidad y sin sesgo.
Desde el campo jurídico, hay la percepción de que una demanda por desacato tampoco es el camino adecuado para tratar el tema.

Santiago Guarderas, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, explica que toda la normativa internacional -en especial la Declaración de DD.HH.- ampara al pensamiento de ideas y opiniones. “La normativa internacional prevalece y se entiende que nadie puede ser molestado por sus opiniones, pero ese derecho hay que ejercerlo sin abusar de otros derechos, que implica no ofender o injuriar”.

Enrique Herrería, ex vocal del Tribunal Constitucional, coincide en esa lectura. Enfatiza que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece “que la protección a la reputación de los funcionarios públicos solo se puede garantizar a través de sanciones civiles” y no penales.

Desde la visión de José Valencia, director de Participación Ciudadana, no se puede confundir el respeto a la libertad de expresión con situaciones de excepción por el uso impreciso de esa libertad.

Pero señala que en el juego democrático, quien ejerce el poder debe asumir que es más susceptible a las críticas y puede optar por responder con argumentos.
Fuente Diario El Comercio.