Cerca del mediodía, a la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía de Pichincha ingresó Cao Lay Muñoz. Vestía una chaqueta azul de pana con una camisa a rayas del mismo color y un pantalón blue jean. Se veía sereno y a ratos sonreía, parecía indiferente a la gravedad de las denuncias que hoy pesan en su contra.
Según las investigaciones realizadas en coordinación por la Secretaría Anticorrupción (Senacor) y la Fiscalía, Muñoz y Bolívar López Santos son los principales implicados en un supuesto soborno al asambleísta del movimiento de gobierno Acuerdo País, Gabriel Rivera López.
3 millones
de dólares fue, al parecer, el monto ofrecido a un asambleísta de AP.
El 4 de enero, Rivera denunció por escrito al secretario Anticorrupción, José Luis Cortázar, que ese día fue contactado telefónicamente por un sujeto inidentificado que le ofreció USD 3 millones. Esa suma, según la denuncia, se desglosaría de la siguiente manera: 1 millón por la reinstalación del Congreso y 2 millones por la no aprobación de la Constitución. Además, recibiría USD 250 000 por cada asambleísta que consiga para el mismo trabajo.
A partir de entonces, la Fiscalía y la Senacor iniciaron una operación conjunta, con el respaldo de la Policía, para obtener pruebas judicializadas del presunto soborno. Con este objetivo, recibieron la autorización para filmar un siguiente encuentro de la jueza octava de lo Penal de Pichincha, María Cerón. Esa cita se realizó -según fuentes de la Fiscalía- el 6 de enero en un departamento al norte de Quito. En el encuentro se grabó un video en el cual se observa a los hoy detenidos conversando con Rivera, ofreciéndole la supuesta suma pactada.
Ayer en la noche, el fiscal Ron tenía previsto iniciar la instrucción por un presunto cohecho en contra de los dos sospechosos, que están detenidos en los calabozos de la Policía Judicial de Quito.
A las 12:30, el caso fue denunciado públicamente por el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, quien sostuvo que Rivera es uno de los mentalizadores de la creación de la Senacor.
En una rueda de prensa, Bustamante detalló el operativo que se realizó para capturar a los presuntos “hombres del maletín”, que querían comprar las conciencias de 25 asambleístas de AP.
Según el Secretario de Gobierno, Muñoz también habría participado en la compra de conciencias en los gobiernos de Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram y de Fabián Alarcón. Además, estaría implicado en la red Peñaranda.
El contacto entre Muñoz y Rivera, al parecer, lo hizo Bolívar López, quien es gerente de la delegación de Corpecuador en Esmeraldas. Él se hacía pasar por un coronel del Ejército en servicio pasivo.
Este Diario trató de dialogar personalmente con los dos acusados para recabar sus versiones en la Policía Judicial, pero no pudo hacerlo por una prohibición de los oficiales que laboran allí.
El ministro Bustamante también incriminó al asambleísta de Sociedad Patriótica (PSP), Julio Logroño, quien presuntamente fue el nexo entre sus colegas y la cúpula de su partido. También acusó al ex presidente Lucio Gutiérrez, quien -destacó Bustamante- “es el cabecilla” del complot contra AP. Finalmente, se implicó a Paco Soto, a quien todavía no se ha podido identificar, pero se presume que también es cómplice en este caso.
No obstante, las únicas vinculaciones de los dos detenidos con Sociedad Patriótica son sus versiones que están grabadas.
Toda la documentación recabada en esta investigación, así como la copia del video del presunto soborno, que es sometido a un peritaje técnico, fueron enviadas a la Fiscalía para que su titular, Washington Pesántez, inicie las investigaciones correspondientes, lo que fue delegado al agente Ron.
La denuncia presentada causó ayer un gran revuelo en la Asamblea Constituyente en Montecristi. En la tarde, los asambleístas de Sociedad Patriótica dieron una rueda de prensa, en donde desmintieron las acusaciones que pesan en su contra .
El asambleísta Rivera dijo que el supuesto soborno era “con el afán ex profeso de no permitir que en Ecuador se lleven a cabo los cambios que estamos realizando”. “La dignidad no tiene precio”, puntualizó. Además, ratificó que “los cambios no se pueden comprar”.
Hasta el cierre de esta edición, se esperaba que un juez legalice las detenciones y dé paso al juicio.
Fuente Diario El Comercio.
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