El superintendente de Compañías, Francisco Arellano Raffo, tiene 20 acusaciones en su contra. Todas son parte de una denuncia realizada por los empleados de la institución y sobre las cuales Arellano guarda silencio.
La denuncia fue presentada por nueve dirigentes de la Superintendencia de Compañías ante las mesas 8, de la Justicia y Lucha Contra la Corrupción, y 10, de legislación y Fiscalización, de la Asamblea.
En 13 hojas fueron presentadas por los empleados como respaldo a una supuesta donación salarial realizada a favor de la coordinadora de Logística del Movimiento Alianza PAIS, Elizabeth Verdezoto.
El dinero habría sido depositado en la cuenta 12017069421 de Produbanco.
Según versiones del grupo político efectivamente Verdezoto sí es miembro de Alianza PAIS. Sin embargo, no se pudo confirmar que la cuenta está a su nombre.
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Arellano también habría contratado los servicios de Gutenberg Vera, un ex abogado del ex banquero Fernando Azpiazu. Vera fue defensor del ex principal del Banco del Progreso. “Dispuso la contratación de un estudio jurídico particular de la ciudad de Guayaquil (Gutenberg Vera), bajo la figura jurídica
Tumbas para los empleados
La denuncia también incluye la acusación de que “se pretendió obligar a la institución a adquirir 120 bóvedas en un cementerio particular”. La idea habría sido permitir que los empleados compren tumbas pagando el 50% del valor y la Superintendencia aporte la diferencia.
Los empleados, encabezados por Santiago Bravo, califican la conducta de Arellano de prepotente. Y ponen más ejemplos. Así, el funcionario tiene a su disposición un vehículo Mercedes Benz del 2004. Pero se “dispuso la adquisición de un vehículo Hyundai 4×4”, dice el documento.
También habría asumido “para él la facultad que tenían los jefes de mandos medios para otorgar permisos ocasionales y vacacionales al personal que lo requiere”.
Preocupación
Ayer Arellano se encontraba en Guayaquil. La Hora intentó obtener su versión sobre las denuncias pero no contestó el teléfono celular y los voceros de la institución señalaron que no atendrá a la prensa.
Aunque hubo atención al público en la oficina matriz de Quito, la presencia policial fue evidente.
Noticia tomada del Diario La Hora.
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