Encuestas de Datanálisis y la Subsecretaría de Seguridad coinciden en que cerca del 60% de la población califica de malo el trabajo de la Policía. La nueva cúpula asume el reto de cambiar.
Los cuestionamientos a la Policía son de todo tipo. Desde quejas porque algunos uniformados no apresan a supuestos delincuentes conocidos en los barrios, hasta casos de gendarmes que actúan en asaltos o denuncias de que algunos forman parte de grupos de limpieza de bandas de delincuentes.
En ocho meses del 2007, los juzgados y fiscalías de la Policía receptaron 3.008 denuncias sobre delitos e irregularidades de sus miembros. Los casos aumentan en un promedio del 40% cada año desde el 2004.
El Gobierno ejecuta un plan de seguridad que incluye la reestructuración policial. La subsecretaria Valentina Ramia dice que uno de los objetivos es recuperar la confianza de la gente hacia los uniformados. El nuevo comandante, Gral. Jaime Hurtado, también se propone esa meta.
El cabo Ángel Lalama come y duerme en su sitio de trabajo, la Unidad de Policía Comunitaria. Es un galán. Ahí recibe las visitas sociales y sentimentales. En el barrio tiene tanta amistad con los vecinos que algunos le faltan al respeto. Conoce a los delincuentes de la zona, pero muy pocas veces los detiene. Algunas noches, supuestamente actúa como un justiciero y da muerte a antisociales que no han sido procesados por la justicia.
El cabo Lalama es uno de los personajes de la telenovela El Cholito. Pero su perfil no es solo de telenovela. Es un reflejo de lo que son algunos, decenas de policías en el Ecuador. En la realidad, los ciudadanos les atribuyen esas y otras características a los miembros de la institución que en estos días recibe cuestionamientos por el repunte de la delincuencia.
Se los acusa desde “hacerse de la vista gorda frente a fumones y delincuentes” hasta de formar parte de escuadrones que estarían ejecutando a personas con antecedentes. A algunos elementos policiales se los cataloga como aliados de narcotraficantes, de abusar de su uniforme y extorsionar a personas indefensas. Y, sobre todo, de no auxiliar oportunamente a las víctimas.
Según una encuesta realizada en febrero pasado y que sirve como referente inicial a la Subsecretaría de Seguridad para saber la percepción ciudadana, el 21% de los ecuatorianos no cree nada en la Policía, el 34% cree poco, el 38% solo cree algo y apenas el 5% cree mucho, mientras que el 2% no contesta.
Otro sondeo, encargado por este Diario a Datanálisis y realizado en Quito y Guayaquil, refiere que el 63,9% de las personas que sufrieron asaltos no pidió ayuda a la Policía; solo el 36,1% lo hizo. A quienes acudieron a la institución policial se les preguntó cómo calificarían la ayuda. Las respuestas: el 34,7% dijo que fue muy mala; el 28,9%, mala. Para el 22,3% la ayuda no fue ni buena ni mala; el 13,2% la consideró buena y solo el 0,9% la señaló como muy buena.
Estos indicadores se conocen en momentos en que el gobierno de Rafael Correa pone en marcha un proyecto de reestructuración de la institución policial, como parte del nuevo plan de seguridad en el que se anuncia se invertirá alrededor de $ 320 millones.
La percepción de desconfianza se refleja en cada barrio o población. Hay quejas, protestas, dudas y rechazo a la tarea de algunos uniformados.
En Manta, por ejemplo, Vicenta Moreira acusó públicamente a la Policía por la ejecución de su hijo de 20 años, Jorge Leonardo Pico Moreira, quien desapareció junto con Rody Villavicencio el 24 de febrero pasado. Ambos fueron hallados muertos con tiros en la cabeza, a los dos días. “En medio del dolor, dije, aunque me maten, para mí es autora la Policía. Quiero justicia”, señala Vicenta, quien dejó abandonada su casa en el barrio Jocay, por amenazas.
El asesinato de Pico se dio con las mismas características de otras 27 muertes que se registran en lo que va del año en Manta. A las 03:30, el auto en el que se movilizaba junto con Villavicencio y tres chicas fue interceptado por una camioneta doble cabina. Varios sujetos armados se los llevaron a la fuerza. Sus cuerpos con disparos fueron abandonados en la periferia.
“La chica que manejaba el carro (María Eugenia Arteaga Cedeño) dijo la mañana del secuestro que ella reconoció que eran policías. Después, por las amenazas debe haber sido, se quedó callada”, señala Moreira.
Por el caso hay una indagación previa a cargo del fiscal César Ponce. La joven Arteaga ha sido llamada a declarar por dos ocasiones y no se ha presentado. El fiscal refiere que incluso hay un video del sistema Ojos de águila que está en análisis en Criminalística de la Policía, pero no se entregan los resultados.
Pico no registraba antecedentes penales como algunos de los otros 27 ajusticiados. Su madre pretendía hacer marchas semanales, pero solo organizó una. “A un familiar se le acercó un desconocido y dijo que mejor era que callemos, que entre los mismos que nos dan seguridad, mostrando a los policías, están los asesinos de mi hijo. Tengo mucho miedo”, afirma.
El temor no es solo de ella. Alberto Palacios, presidente de la Asociación de Barrios de Manta y quien litigó como abogado del caso Baque (Pedro, un joven que se salvó cuando policías lo golpearon y dispararon; luego ganó un juicio al Estado), dice que la sociedad de Manta se siente intimidada y desprotegida.
“Tenemos los mismos antecedentes del caso Baque, de los años 1998-99, donde por eliminar a delincuentes cayó un inocente. Hay quienes dicen que la Policía está eliminando a delincuentes, que está limpiando la ciudad, pero creemos que esa es una mala actuación; significa que hay ineficiencia e incompetencia y se va a violentar el derecho a la vida”, refiere.
¿Se acusa a la Policía de los crímenes de ahora? “Eso (comentario) es generalizado en la ciudad; la misma Policía, cuando se la emplaza a que sea eficiente en el control de la delincuencia, dice que no hay que alarmarse, que se trata de vendettas entre grupos. Eso indica que ya tiene identificados a quienes andan al margen de la ley y no los captura… Ya se han dado casos de supuestas equivocaciones. Es peligroso, si la Policía sabe quiénes son los que están matando, ¿por qué no los captura?”, dice.
El jefe de la Policía de Manta, Cnrel. Pedro Cózar, desestima la acusación. “Tiene que haber algo escrito, una denuncia formal o un proceso. Lo demás son comentarios”, afirma.
El presidente de la Asociación de Barrios y otros abogados recuerdan que en el 2005, cuando se produjo una ola de secuestros en esta ciudad, la superioridad ordenó el traslado a otras plazas de todo el personal policial. Entonces, el delito bajó.
Noticia tomada de Diario El Universo.
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