Rommel Varela y Roberto Ramírez son dos miembros del Ejército en servicio pasivo que desde hace más de dos años decidieron crear su propia empresa de seguridad privada. Desde entonces compiten en un negocio con pocas regulaciones que desestiman el trabajo de los organismos de control de este sector.
Aersin, la empresa de seguridad que dirigen estos dos ex oficiales comenzó a funcionar hace más de dos años, después de haber realizado los trámites de ley para obtener el permiso de operación del Ministerio de Gobierno y Policía, el permiso para portar armas y uniformes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el registro en el Ministerio de Trabajo, la acreditación del RUC, el registro en el Seguro Social…
Además de los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, cada aspirante debe someterse a una evaluación psicológica y al detector de mentiras antes de que sea reclutado en la empresa. Actualmente, el personal operativo consta de 45 personas distribuidas en 35 puntos de seguridad. En cada punto trabajan de uno a tres guardias dependiendo de si el servicio contratado requiere de una vigilancia de 12 o de 24 horas.
En un punto de vigilancia de 24 horas trabajan tres hombres en turnos de 12 horas cada uno. El sistema de rotación comprende el cambio de turno de la noche a la mañana cada tres días, es decir, un guardia hace un turno de tres días en la noche y tres en el día con un día de descanso que es cubierto por el tercer guardia o más conocido como “sacafrancos”.
El costo promedio del servicio de vigilancia de 24 horas se aproxima a los USD 1 000, de los cuales cada guardia gana alrededor de USD 220 por cerca de 312 horas de trabajo al mes. Las horas extras se pagan de acuerdo con lo que fija la Ley, es decir, entre USD 1,50 y 2 por hora.
Después de cancelar las responsabilidades sociales y tributarias, Varela recibe un promedio de USD 30 de ganancia por cada puesto. Por ello, el ex militar afirma que el negocio de la vigilancia es más o menos rentable.
Sin embargo, desde el 1 de enero las empresas deberán estudiar si aumentan los costos de sus servicios, porque en la reforma tributaria aprobada por la Asamblea Constituyente se aumentó en 300% el impuesto para la compra las armas y las municiones.
El tipo y el número de armas que maneja cada empresa están definidos por el número de personal y la actividad que estos desempeñan. Datos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas evidencian que las armas más utilizadas son los revólveres, escopetas y pistolas. En el caso de Aersin, existe un arma por cada punto de seguridad, es decir, 35 armas.
Aunque la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada establece tres modalidades de servicios en seguridad: fija, móvil y privada, Varela asegura que actualmente estos servicios presentan una gran diversificación. Por ello, para la contratación de personal se exige a la empresa que se establezcan perfiles profesionales con competencias específicas en el manejo de armamento especializado, procedimientos operativos especiales, relaciones humanas, primeros auxilios, conducción avanzada de vehículos, entre otros.
En cuanto a la capacitación, el personal que trabaja en Aersin recibe un proceso de inducción cuando empieza a trabajar y cada tres meses asiste a prácticas de tiro en campos especiales. Los administradores se encargan de la instrucción en armas y los cursos especializados se realizan a través de convenios con instituciones o instructores especializados.
Por su parte, Ramírez asegura que tiene que competir en un mercado donde prima la lógica del precio frente a la calidad del servicio y manifiesta que parte de la responsabilidad recae en el cliente que tiene una idea distorsionada de la seguridad privada y termina contratando a empresas que no cumplen con las normas mínimas legales de funcionamiento y tienen personal de seguridad poco capacitado.
Ramírez constató esta realidad durante un pequeño análisis de riesgos en un sector residencial al norte de Quito, donde hace poco colocó dos puntos de seguridad. En la inspección el ex oficial se dio cuenta que, en un radio de 4 manzanas, trabajaban siete guardias, de ellos tres operaban legalmente y cuatro habían sido contratados directamente por los moradores de los barrios y solo cinco tenían permisos para portar armas.
Fuente Diario El Comercio.
Add