Los hematomas y golpes en el dorso que tenían 15 de los 25 detenidos en Dayuma, durante la emergencia decretada por el Ejecutivo, no fueron consideradas como evidencia de abusos por la comisión veedora integrada en Carondelet, el 11 de diciembre pasado.
El grupo de investigación hizo público su informe la mañana de ayer. Está compuesto por el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh; el ministro de Educación, Raúl Vallejo; el viceministro de Seguridad Interna y Externa, Juan Roldán; la directora de la APDH, Anaité Vargas; el director de Inredh, Luis Saavedra, y el director de Serpaj, Gualdemar Jiménez.
El documento que reseña los hechos suscitados en Orellana, entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, señala que se constataron divergencias en los testimonios de los detenidos, así como en los de miembros del Ejército. Por ese motivo “no se pudo determinar si los golpes ocurrieron durante la detención o después”.
Según el ministro Jalkh, la única prueba objetiva de mal procedimiento fue la forma en la que los detenidos fueron transportados.
Wilson Mantilla, quien fue recientemente liberado de la cárcel del Tena, relató el sábado pasado el procedimiento que siguieron los militares para llevarle a prisión. “Me pidieron que saliera de la casa y me empujaron al piso. Me echaron encima otra gente”.
En la sexta de las 14 conclusiones a las que llegó la comisión, se señala que: “El transporte de los detenidos en Dayuma es inaceptable e intolerable, es una práctica reñida con los derechos de un detenido y refleja malas prácticas aún presentes en el país, que deben ser desterradas”.
En el punto 12 se señala que la forma en la que fueron transportados los detenidos (unos encima de otros), demuestra que “la Fuerza Pública no estuvo preparada, en ese momento para las detenciones que se llevaron a cabo”.
Jalkh añade: “Los militares estaban ahí para despejar las vías”.
La intención de los uniformados se ratifica en el punto ocho del documento. Ahí se dice que ocho miembros de la Fuerza Pública fueron heridos, siete por armas de expansión masiva y uno por bala. “Eso demuestra su determinación de no incurrir en agresiones con armas contra la población”.
A la par de la investigación, la Defensoría Pública de la Presidencia gestionó , a través de abogados defensores, la revocatoria de la prisión preventiva de 14 personas. Además, se realizaron análisis químicos de parafina, en las que se determinó la presencia de nitroderivados en cuatro detenidos.
No obstante, aún no se establecen responsabilidades judiciales. Según la comisión, es misión de la administración de justicia establecer responsabilidades tanto a civiles como a militares.
Mientras se gestionan los trámites legales, la comisión recomendó al Gobierno trabajar en cuatro objetivos fundamentales.
El primero es poner en marcha el plan de desarrollo zonal. El segundo consiste en implementar mecanismos que prevengan conflictos e incorporen propuestas integrales de desarrollo social, productivo y de seguridad.
El cuarto propósito es alcanzar mayor presencia institucional. Para ello sugieren la instalación de la Corte Superior de Orellana, con nuevas judicaturas, crear una delegación del Ministerio de Minas y Petróleos para atender denuncias ambientales por derrames de petróleo, entre otras cosas.
Al poner en marcha proyectos de desarrollo y fortalecer la institucionalidad -añade la Comisión- se podría frenar la dinámica violenta que desde hace dos años ha provocado paros sucesivos y tomas de los pozos petroleros por parte de la población de la Amazonia.
La última paralización se dio por la suspensión en los trabajos en la carretera Coca-Dayuma y el despido de 60 trabajadores de esa obra. Petroecuador dejó de producir 36 000 barriles de petróleo.Una queja sobre el caso Restrepo
Las organizaciones de Derechos Humanos difundieron ayer una misiva que envió Pedro Restrepo al presidente Rafael Correa. En la carta le exige que el Gobierno cumpla su compromiso para buscar en Yambo a sus hijos Santiago y Andrés, quienes desaparecieron hace 20 años.
Restrepo aseguró que “al iniciar su Gobierno, usted (Rafael Correa) me devolvió la esperanza de recuperar de Yambo los cadáveres de mis inocentes hijos Carlos Santiago y Pedro Andrés, secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por la policía ecuatoriana hoy (martes pasado), hace exactamente 20 años….”.
Sin embargo, añadió que “todo ha quedado en excusas y dilaciones; la última respuesta de la Procuraduría sobre la ausencia de resultados, es que el trámite burocrático es lento y el costo del rescate es alto”. Por ese motivo, pidió al Primer Mandatario que tenga la voluntad política para emprender la búsqueda en la laguna.
El martes pasado, Correa se comprometió a apoyar la búsqueda de la familia Restrepo.
Fuente Diario El Comerciol
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