La propuesta de mandato sobre intermediación laboral está lista. Según el texto, los trabajadores contratados bajo tercerización que hayan sido despedidos a partir del 1 de marzo, en razón de la elaboración del documento, deben ser reintegrados a sus puestos.
El contenido de la propuesta de mandato que elimina la tercerización e intermediación laboral y la contratación por horas fue expuesto ayer por asambleístas de PAIS, que son parte de la mesa 6 de Trabajo.
El texto, que la Constituyente pretende debatir y aprobar la próxima semana, comprende siete artículos, dos disposiciones generales, dos transitorias y dos finales. Allí se establece la terminación de todos los contratos de intermediación laboral vigentes hasta la fecha en que se expida el documento.
También que todos los empleados tercerizados legalmente sean asumidos directamente por las empresas del sector privado y público, y que aquellos bajo esa condición despedidos desde el 1 de marzo pasado, con motivo de la tramitación del mandato, sean reintegrados a sus puestos, con la advertencia de multas y otras sanciones establecidas en el Código del Trabajo, si esto no se acata.
Los obreros, señala, se incorporarán a los beneficios de un contrato colectivo a partir del segundo año de labores, y los profesores de establecimientos particulares que no laboren jornadas completas diarias o semanales, no podrán percibir remuneraciones inferiores al salario básico unificado.
Para promover la contratación de personal temporal, la figura propuesta es la jornada parcial permanente. Estos trabajadores, señala, recibirán todos los beneficios de ley, como afiliación al IESS y los fondos de reserva.
Según la propuesta, tercerizados que fueron despedidos desde el 1 de marzo deben reintegrarse.
Luego de tres meses de debates y discordias sobre el contenido, un grupo de asambleístas oficialistas que son parte de la mesa 6 de Trabajo, presentó ayer a la Comisión Directiva la propuesta de mandato para eliminar la tercerización e intermediación laboral y la contratación por horas.
El documento incluye disposiciones transitorias en las que se dan por terminados todos los contratos de intermediación laboral vigentes hasta la fecha de expedición del mandato que se pretende debatir y aprobar en el pleno la próxima semana.
También establece que todos los empleados tercerizados de forma legal deberán ser asumidos de manera directa por las empresas del sector privado, y que los intermediados despedidos ilegalmente desde el 1 de marzo pasado, durante el proceso de elaboración del texto, deberán ser reintegrados.
En caso de incumplir esto, las empleadoras pagarán una multa de 20 salarios mínimos básicos ($ 4.000) por cada trabajador que no reintegren, además de otras sanciones estipuladas en el Código de Trabajo.
Los trabajadores intermediados del sector público también serán asumidos de forma directa por la entidad del Estado o el ente de derecho privado que tiene participación total o mayoritaria de recursos públicos.
La propuesta establece que los obreros se incorporarán a los beneficios de la contratación colectiva, a partir del segundo año de relación laboral directa. Las tercerizadoras, a su vez, deberán reestructurar sus estatutos para cumplir con los artículos 3, 4, 5 y 6 del texto.
Los contratos que mantengan con su nómina de trabajadores deberán adecuarse a las nuevas disposiciones en un plazo máximo de 120 días.
Se estipuló que los profesores de establecimientos particulares no podrán percibir como remuneración un valor menor al salario básico unificado, aunque no laboren jornadas diarias o semanales completas.
Además, recibirán remuneraciones durante sus vacaciones.
La asambleísta Irina Cabezas (PAIS), de la mesa 6, recalcó que con el fin de promover el trabajo se permitirá la denominada jornada parcial permanente. Ello implica que las empresas podrán contratar personal de forma temporal, pero este deberá recibir todos los beneficios de ley, como fondos de reserva y afiliación al IESS.
También determinó que se podrán hacer contratos con empresas legalmente constituidas y autorizadas por el Ministerio de Trabajo para ejecutar actividades complementarias como vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. Este tipo de trabajadores tendrá derecho al porcentaje correspondiente por concepto de utilidades de las empresas usuarias de los servicios que ellos impartan.
En el artículo 6 de la propuesta consta que “las empresas de actividades complementarias y las usuarias no pueden entre sí, ser matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o relación societaria de ningún tipo”. Y para que el Ministerio corrobore esto deberá acreditarse una declaración juramentada.
En caso de que una empresa contrate a una persona jurídica para que se encargue de subcontratar las actividades complementarias será sancionada con seis remuneraciones básicas unificadas.
Lo último también se aplicará en el sector público, según el documento del mandato que deberá ser debatido en el plenario, antes de su aprobación.
Autorizaciones
A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo y Empleo tiene registradas 1.117 empresas de tercerización e intermediación laboral autorizadas, según datos a diciembre del 2007. Figuran, en su mayoría, empresas que renovaron sus permisos y algunas nuevas.
Provincias
En la lista consta que el domicilio de la mayoría de compañías está en Pichincha y Guayas. Esmeraldas, Azuay y Manabí también tienen una considerable participación. En menos cantidades hay en El Oro, Tungurahua, Orellana, Sucumbíos y Chimborazo.
Apuntes
EMPRESA PINTO
Inspección
Autoridades de Trabajo visitaron 3 tercerizadoras que proveían de personal a la empresa textil Pinto.
Despidos
En esos sitios se informó que la orden de despedir a 105 personas provino de esta compañía.
Noticia tomada del Diario El Universo.
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