Alrededor de 300 empresas mineras de exploración o explotación de minerales están paralizadas o disminuyeron sus actividades. Eso ha dejado sin empleo a unos 2.000 trabajadores.
El cumplimiento del mandato minero emitido por la Asamblea Constituyente, que busca regular equitativamente la actividad, paga un alto precio: generar desempleo.
Ayer, el Presidente de la República dijo en Zaruma, El Oro, en una entrevista con mineros de esa provincia, que “el Gobierno buscará una medida alternativa para evitar pérdida de empleo por el mandato”.
En el país operan alrededor de 500 empresas mineras, entre labores de exploración y de explotación. Si suspendieran sus trabajos, el sector estima que 5.000 personas se quedarían en la desocupación.
La Asamblea Constituyente hizo un mandato que sí busca remediar el mal funcionamiento de la minería, pero al imponer una moratoria de 180 días está condenando al desempleo a miles de personas que dependemos de la actividad, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador, Fabián Rodríguez.
El dueño de la mina Liga de Oro, en Ponce Enríquez, Manuel Rojas, dijo que esa empresa emplea a 450 trabajadores y si le tocara cerrar repentinamente tendría que despedirlos. “Además, perderíamos miles de dólares por incumplimiento de obligaciones con proveedores y se paralizarían muchos negocios que indirectamente dependen de nuestra actividad”, aseguró Rojas.
El jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la compañía minera, de origen canadiense, Aurelian Ecuador, Ricardo Falla, también mostró preocupación por la situación de 490 trabajadores de esa empresa, dedicada a la exploración en Zamora Chinchipe.
“Nos quedaremos sin trabajo por seis meses. Del personal, 260 trabajadores son habitantes de las 10 comunidades que habitan en las áreas de los terrenos concesionados a Aurelian y cuya única actividad es este trabajo”, indicó Falla.
Esas dos empresas mineras, como muchas otras que operan en las provincias de El Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Loja y Pichincha, esperaban las notificaciones oficiales para detener sus operaciones, aunque algunas comenzaron a reducir paulatinamente sus actividades la semana pasada.
Hay una consecuencia peor, del mandato minero, según el presidente de la empresa Oromining, Carlos Huerta Araujo, quien aseguró que ya se produjeron invasiones de mineros artesanales a zonas concesionadas en Azuay y Loja.
Aupados por la orden de paralizar las operaciones, muchos mineros informales se preparan para ingresar ilegalmente en minas privadas y se pueden originar enfrentamientos, advirtió Huerta.
“Los meteremos a la cárcel”, dijo ayer el presidente Rafael Correa, al referirse a quienes pretendan invadir las minas.
Posiciones divididas
Según el ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, el mandato minero, aprobado por la Asamblea, se preservó el normal funcionamiento de las medianas empresas que ya están en fase de explotación.
Con ello, el Gobierno evitó afectaciones a más de 1.500 fuentes de empleo que generan medianas y pequeñas empresas mineras que operan en las provincias de El Oro, Loja, Azuay y Zamora, que son las zonas que más desarrollada tienen esta actividad en el país, dijo el ministro Chiriboga.
Pero con esa postura no están de acuerdo quienes están perdiendo sus trabajos.
Jesús Toapanta, minero de Portovelo, dijo que en la mina donde labora ya le avisaron que paralizarán por seis meses y no habrá trabajo en ese periodo. “Nos quedaremos sin empleo y ¿qué haremos para mantener a nuestras familias?”.
Cristóbal Córdova, camionero que abastece materiales a varias minas de Ponce Enríquez, también se quejó que la demanda de transporte le ha bajado.
Noticia tomada del Diario Expreso.
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