El 12% del territorio de la Isla Santay regresaría a sus anteriores propietarios luego de una lucha legal de 28 años y que afectaría en parte un fideicomiso firmado en 2000 entre la Fundación Malecón 2000 y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), para realizar mejoras en bien de la ecología.
El juez suplente del juzgado quinto de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, Guido Garzón Villegas, dispuso el pasado 10 de enero la readquisición de una hacienda denominada La Pradera, ubicada en la isla, a los herederos de los esposos Carlos Gilbert Vásconez y Marjorie Jones.
Según la providencia, el bien inmueble, cuya superficie es de 277 hectáreas y 2.500 metros cuadrados, de las 2.200 hectáreas que tiene la Santay, fue expropiado en junio de 1980 por la desaparecida Junta Nacional de la Vivienda (JNV) de Guayaquil a favor del BEV.
La expropiación fue realizada con sustento enel decreto ejecutivo 071, expedido el 12 de febrero de ese año, que declaraba de expropiación urgente y de utilidad pública a todos los inmuebles ubicados en la Isla Santay.
El bien fue avaluado en 4’618.000 sucres por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac). La cantidad fue impugnada por los propietarios, por considerar que el valor en el mercado (en ese entonces) resultaba irrisorio, sin considerar el valor real de las mejoras e indemnizaciones de daños y perjuicios e intereses a los que dijeron tener derecho.
Veinte años después de haberse realizado la expropiación, los hijos de Carlos Gilbert presentaron, en el mismo juzgado, una demanda de readquisición para recuperar las tierras expropiadas a sus padres.
Los herederos se fundamentaron en el decreto 141 del 15 de agosto de 2000, que en el considerando tercero reconoce que “por las características ambientales de la Isla Santay no ha sido posible ejecutar programas comunes de la vivienda”. Precisamente, aquel fue el motivo por el cual se realizaron las expropiaciones, cambiando su destino a ecológica.
Para el efecto, los demandantes consignaron la suma de 970,65 dólares que aseguraron haber recibido en aquel entonces por la expropiación.
Amparado en lo dispuesto en el artículo 33 de la actual Constitución Política del Estado y enla caducidad del tiempo para el destino del bien expropiado (siete años), el juez quinto de lo Civil (s), Guido Garzón, aceptó la readquisición de la hacienda La Pradera.
Según los documentos, sus linderos comprenden por el norte las haciendas La Pradera Chica y Florencia; por el sur, Lote la Puntilla; por el este, La Florencia, y por el oeste, el río Guayas.
El director regional 1 de la Procuraduría General del Estado, Stalin Arana, y representantes del Banco Ecuatoriano de la Vivienda apelaron el fallo judicial el pasado 17 de enero.
El argumento que esgrimieron fue que el juez no consideró el abandono de la causa que en dos ocasiones fue solicitado por el banco, por lo que debió haber ordenado el archivo.
En la providencia, el juez explica que el abandono no pudo declararse por que el último inciso del artículo 210 de la Ley Orgánica de la Función Judicial dice que este no tendrá lugar cuando los actores sean las instituciones o entidades del sector público ni en las causas penales.
La Procuraduría cuestiona, además, los juicios de valor que Garzón hizo respecto a los decretos ejecutivos que amparaban las expropiaciones en la Isla Santay.
El procurador general del Estado, Xavier Garaicoa, se pronunciará hoy, en una conferencia de prensa, respecto al caso.
El juicio, por aceptarse la apelación, subirá a consulta a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, para que una de las salas especializadas lo resuelva. (PVC)
Los reclamantes de las tierras
Brenda, Joyce, Carlos Luis, Diana y Gisella Gilbert Jones son los hijos y herederos de los esposos Carlos Luis Gilbert y Marjorie Jones, que reclaman las tierras de la Isla Santay. Ellos designaron como su abogado defensor al doctor Gustavo Moreira Baquerizo.
Fuente Diario Expreso.
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